14 de noviembre de 2026
Estela Chávez fue detenida en un supermercado de San Fernando y permanece alojada en una dependencia policial mientras su familia reclama su liberación.
Estela Chávez, una jubilada de más de 65 años, madre de seis hijos y que cobra la jubilación mínima, lleva más de un mes detenida después de intentar llevarse un corte de carne de un supermercado de San Fernando. La mujer fue arrestada el 8 de octubre y permanece alojada en la Alcaidía N.º 15 de Chacarita, mientras su familia cuestiona la continuidad de su detención.
Durante buena parte de su vida, Estela trabajó en casas particulares realizando tareas de limpieza. Sin embargo, con el paso de los años y las dificultades físicas, dejó de poder sostener esa actividad. Su situación económica se volvió cada vez más complicada y sus ingresos previsionales resultaban insuficientes para afrontar los gastos cotidianos.
El episodio ocurrió cuando intentó ocultar un corte de carne entre sus prendas. Las cámaras de seguridad del supermercado registraron la situación y los guardias la interceptaron cuando todavía se encontraba en la fila de las cajas, antes de cruzar la línea de pago.
Según la reconstrucción del caso, ninguno de los productos llegó a consumarse como una sustracción fuera del establecimiento. Sin embargo, se inició una causa por presunto hurto de alimentos, identificada con el expediente CCC 52837/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25.
La mujer permanece detenida desde entonces y su situación despertó preocupación entre sus familiares. Su hijo Mariano Franco relató que cada semana debe acercarse a la dependencia para llevarle ropa limpia, alimentos y productos de higiene, además de retirar las prendas que necesita lavar.
La salud de Estela también genera inquietud. Durante el encierro sufrió una infección urinaria y necesitó atención médica y antibióticos. El 21 de octubre y el 3 de noviembre volvió a requerir asistencia por complicaciones de salud, mientras permanece en una celda compartida con otras cinco mujeres.
"Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí", expresó Mariano, quien también atraviesa dificultades económicas después de quedarse sin trabajo. El hombre describió el impacto que la situación tiene sobre toda la familia y reclamó una resolución judicial que permita a su madre recuperar la libertad.
El caso se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones de detención de mujeres en dependencias policiales. Un informe de 2025 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura advirtió sobre el aumento de mujeres alojadas en comisarías y alcaidías, muchas de ellas sin condena firme.
Según ese relevamiento, el 94% de las mujeres alojadas entre agosto y diciembre de 2024 estaba privado de su libertad sin una condena firme. El informe también señaló que una proporción importante permanecía bajo prisión preventiva o todavía esperaba una resolución judicial sobre su situación procesal.
Mientras continúa el expediente judicial, la familia de Estela Chávez reclama que se revise su detención. Su caso vuelve a poner en discusión la respuesta penal frente a situaciones vinculadas con la vulnerabilidad económica, las condiciones de encierro y la necesidad de garantizar que las medidas judiciales sean proporcionales a los hechos investigados.
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