12 de noviembre de 2026
La Justicia federal condenó a Cristian Rivaldi por el ataque contra una niña de 10 años y su madre durante una movilización de apoyo a los jubilados.
La Justicia federal dictó la primera condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad por hechos ocurridos durante la represión de manifestaciones bajo el Gobierno de Javier Milei. El policía de la Federal Cristian Rivaldi fue declarado culpable de atacar con gas irritante a una niña de 10 años y a su madre durante una movilización de apoyo a los jubilados realizada en septiembre de 2024, en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El fallo estableció una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso y dispuso que Rivaldi quede inhabilitado para ejercer funciones policiales durante dos años y seis meses. La resolución fue dictada por el juez federal Daniel Rafecas, luego de un juicio correccional desarrollado en los tribunales de Comodoro Py.
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrisia Pegoraro participaba de una manifestación junto a su hija y su madre, Carla Mariana Pegoraro. Durante el avance de las fuerzas federales para despejar las calles cercanas al Congreso, el efectivo utilizó gas irritante contra la mujer y la niña, que se encontraban de espaldas.
Como consecuencia del ataque, ambas debieron recibir asistencia médica. La menor fue atendida posteriormente en el Hospital Santa Lucía, donde se constató que había sufrido una conjuntivitis química producto de la exposición al gas.

Durante el juicio, la defensa del policía intentó sostener que el ataque había sido cometido por una persona ajena a las fuerzas federales. Sin embargo, la investigación judicial permitió establecer la responsabilidad de Rivaldi, quien en ese momento tenía 39 años y cumplía funciones en una unidad especializada en el control de multitudes.
La sentencia también cuestiona la utilización de elementos químicos contra personas que no representaban una amenaza inmediata. En el expediente se señaló que el accionar del efectivo incumplió sus deberes como funcionario público y produjo lesiones a la niña y a su madre.
El abogado querellante Gregorio Dalbón destacó la importancia del fallo y apuntó contra las explicaciones oficiales que circularon después del episodio. "Esta es la primera condena por la represión del gobierno de Milei, y no va a ser la última", sostuvo el letrado tras conocerse la decisión judicial.
Dalbón también cuestionó a Patricia Bullrich y a Sandra Pettovello por sus intervenciones públicas posteriores al ataque. Según el abogado, ambas funcionarias contribuyeron a instalar versiones que intentaban desvincular a las fuerzas de seguridad de lo sucedido. La responsabilidad penal establecida en esta sentencia, sin embargo, corresponde al efectivo condenado.
Durante el proceso también se analizó el cumplimiento de los protocolos policiales. La normativa vigente establece que los efectivos deben utilizar la fuerza mínima necesaria y prestar especial atención a la presencia de niños, mujeres embarazadas y personas mayores. La utilización de armas menos letales debe ser proporcional a la resistencia o amenaza existente, condiciones que fueron centrales para evaluar el accionar del acusado.
La condena constituye un antecedente judicial relevante para las causas vinculadas con los operativos de seguridad durante las protestas sociales. Aunque la pena impuesta es de ejecución condicional, el fallo establece la responsabilidad penal de un integrante de la Policía Federal por las lesiones provocadas a una menor durante una movilización de jubilados.
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