19 de octubre de 2026
La transferencia está prevista para el viernes 23 de octubre, mientras el SUTNA reclama ampliar los pagos y recuperar las fuentes laborales.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 17 ordenó transferir $1.200 millones a 200 trabajadores de FATE por salarios adeudados correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de este año. La decisión constituye un nuevo avance en el reclamo que mantienen los operarios desde el cierre de la planta de neumáticos de San Fernando, anunciado el 18 de febrero.
La acreditación de los haberes está prevista para el viernes 23 de octubre y se realizará mediante fondos de la empresa que habían sido embargados preventivamente. La resolución da cumplimiento a lo dispuesto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y alcanza al pago de salarios pendientes, no de indemnizaciones por despido.
El monto establecido se ubicó entre las liquidaciones presentadas por las partes. Mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) reclamaba $1.800 millones, la compañía sostenía que correspondía abonar $600 millones. Finalmente, el juzgado fijó la suma que deberá distribuirse entre los beneficiarios de esta resolución.
El fundamento del reclamo es un acuerdo de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. A través de ese convenio, la empresa había asumido el compromiso de no efectuar despidos a cambio de beneficios impositivos. El cumplimiento de esas obligaciones quedó en el centro de la disputa luego de la interrupción de la actividad productiva.
Desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo señalaron que la decisión es resultado de ocho meses de permanencia y organización de los trabajadores. El gremio vinculó el avance judicial con las acciones desarrolladas para sostener el reclamo salarial y defender los puestos de trabajo, en un conflicto que mantiene abierta la discusión sobre el futuro de la fábrica.

El SUTNA también cuestionó los montos determinados por el juzgado y anticipó que apelará para solicitar su revisión. Según la organización, las liquidaciones no contemplan adecuadamente la antigüedad prevista en el convenio ni la actualización por inflación. Por ese motivo, consideró que el pago representa un avance, aunque no satisface la totalidad de sus demandas.
La resolución no incluye a los trabajadores que firmaron retiros voluntarios. El sindicato sostiene que esas desvinculaciones se acordaron bajo presión económica, después de semanas sin cobrar y con la planta cerrada. Sobre esa base, anunció que continuará reclamando la nulidad de los acuerdos y el reconocimiento de los salarios de quienes quedaron excluidos.
Otro de los ejes pendientes es el cobro de los haberes posteriores al 30 de junio. La conducción gremial informó que impulsará una nueva acción judicial para reclamar esos salarios y mantener el pedido de reapertura de la fábrica. Además, sostiene que el cierre debe ser considerado un cierre patronal ofensivo, posición que forma parte de su planteo en el conflicto.
La próxima instancia será la transferencia prevista para el viernes a los trabajadores alcanzados por la medida. La orden de pago no dispone la reapertura de la planta ni resuelve el conjunto de los reclamos sindicales: continúan pendientes las demandas por los períodos posteriores a junio, la situación de quienes aceptaron retiros y la recuperación de las fuentes laborales.
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