Sociedad. La Justicia declaró inconstitucional la movilidad jubilatoria de alberto Fernández y abrió la puerta a nuevos reclamos

La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria 27.609, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de una jubilada utilizando la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. La resolución cuestionó la pérdida de poder adquisitivo que produjo el sistema aplicado entre 2021 y mediados de 2024.

El fallo fue dictado en la causa Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios, con los votos de los jueces Juan Fantini y Nora Dorado. Los magistrados dispusieron que, para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024, se reemplace el mecanismo de actualización cuestionado por el previsto en la ley 27.426.

La legislación aprobada en diciembre de 2020 establecía aumentos previsionales basados principalmente en la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social. Sin embargo, no incorporaba directamente la inflación como variable de actualización ni contemplaba un mecanismo que garantizara la preservación del poder adquisitivo frente a subas aceleradas de los precios.

Los jueces consideraron que esa característica resultó determinante durante el período de alta inflación. Además, cuestionaron que el sistema estableciera límites a los incrementos vinculados con la evolución de los recursos de la ANSES, lo que podía restringir la actualización de los haberes aun cuando los precios aumentaran a mayor velocidad.

Según estimaciones de abogados previsionalistas citadas en la información publicada, la aplicación de la fórmula de 2017 podría producir una mejora cercana al 67% en el caso analizado. No obstante, ese porcentaje depende de los criterios que finalmente se utilicen para efectuar la liquidación y no constituye un reajuste automático para todos los jubilados.

La sentencia también planteó la necesidad de evitar distorsiones en el cálculo por los diferentes períodos de referencia de los índices utilizados. Los especialistas señalaron que la liquidación deberá contemplar los rezagos de cada mecanismo para impedir que las diferencias técnicas alteren el resultado del reajuste.

La decisión se suma a otros pronunciamientos judiciales que cuestionaron la fórmula de movilidad aplicada durante la gestión anterior. Sin embargo, existen diferencias entre las resoluciones: algunas dispusieron reparaciones por períodos específicos y otras analizaron de manera más amplia el deterioro de los ingresos previsionales.

El fallo también se produce mientras continúa vigente el sistema establecido por el DNU 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales de los haberes jubilatorios según la inflación registrada dos meses antes. Para diciembre de 2026 está previsto un incremento del 2,17%, correspondiente a la variación del índice de precios de octubre.

La discusión judicial sobre la movilidad previsional mantiene especial relevancia por el impacto que los cambios de fórmula tuvieron sobre los ingresos de millones de jubilados. La posibilidad de recuperar diferencias dependerá de las decisiones de los tribunales, las condiciones de cada expediente y los criterios que se adopten para las liquidaciones.

La cuestión todavía espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el fallo de la Cámara constituye un nuevo antecedente en los reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes y reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado de garantizar una movilidad previsional que preserve los ingresos de los jubilados.