Educación. Cinco marchas federales, fallos judiciales y una ley que Milei se niega a cumplir

La Ley de Financiamiento Universitario cumple un año en medio de un conflicto que continúa abierto entre el Gobierno nacional y el sistema de educación superior. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por distintas resoluciones judiciales, la normativa sigue sin aplicarse plenamente, mientras docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias reclaman los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

La legislación fue sancionada por el Congreso y volvió a recibir respaldo parlamentario después de que el presidente Javier Milei intentara impedir su aplicación mediante un veto. El rechazo legislativo a la decisión presidencial ratificó la voluntad de financiar el sistema universitario, aunque posteriormente el Ejecutivo recurrió a nuevas herramientas administrativas y judiciales para evitar desembolsar los fondos previstos.

La norma establece mecanismos para recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios, actualizar las becas estudiantiles y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones. Entre sus principales disposiciones se contempla una recomposición de los salarios docentes y no docentes, un incremento del 100% en determinadas becas y la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

El incumplimiento derivó en un proceso judicial impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y las 59 universidades nacionales que promovieron un amparo. En diciembre, el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento parcial de la normativa. La resolución fue respaldada posteriormente por la Cámara y el expediente también llegó a la Corte Suprema.

Las presentaciones judiciales se acumularon durante los últimos meses. El Gobierno fue intimado en reiteradas oportunidades y se establecieron multas diarias de 100.000 pesos por incumplimiento, aunque los representantes legales del sistema universitario advirtieron que las sanciones podrían resultar insuficientes para lograr que se efectivicen los pagos correspondientes.

En paralelo, el conflicto provocó cinco marchas federales universitarias, con la participación de estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, organizaciones sindicales y autoridades académicas. Las movilizaciones reunieron a distintos sectores de la comunidad educativa para reclamar la aplicación de la ley y denunciar las consecuencias del ajuste presupuestario.

La última protesta se realizó en las inmediaciones del Congreso y terminó con un operativo policial que incluyó el uso de gases y episodios de represión contra manifestantes. La movilización había sido convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar las decisiones del Ejecutivo que continúan demorando su puesta en funcionamiento.

Las organizaciones gremiales también advirtieron sobre el deterioro de las condiciones laborales. Los salarios universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo que afecta tanto a docentes como a trabajadores no docentes, mientras los ingresos insuficientes obligan a parte del personal a buscar otras fuentes de trabajo para cubrir sus necesidades.

A un año de la sanción de la ley, el conflicto continúa desarrollándose simultáneamente en el Congreso, la Justicia y las calles. Las universidades mantienen sus reclamos de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de becas, mientras los expedientes judiciales siguen su curso y el Poder Ejecutivo sostiene sus cuestionamientos a la aplicación de la normativa.