27 de mayo de 2026
El nuevo proyecto oficial para atraer inversiones tecnológicas promete beneficios extraordinarios, exenciones impositivas y estabilidad por 30 años para grandes multinacionales, mientras crecen las críticas por el impacto sobre la industria nacional, el trabajo local y la soberanía económica.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para crear un régimen especial de promoción de inversiones tecnológicas que ya genera fuerte polémica política, económica y sindical. Se trata del llamado "Súper RIGI", una iniciativa orientada principalmente a empresas vinculadas al negocio global de la inteligencia artificial, datacenters, biotecnología, microchips, vehículos eléctricos y nuevas tecnologías, que otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros extraordinarios durante un plazo de hasta 30 años.
La iniciativa fue rápidamente cuestionada por distintos sectores productivos y especialistas que advierten que el proyecto otorga ventajas inéditas a grandes corporaciones extranjeras mientras la industria nacional atraviesa una de las peores crisis de los últimos años, con caída del consumo, cierre de fábricas y pérdida de puestos de trabajo.
Entre los principales beneficios que contempla el nuevo esquema aparecen reducciones impositivas, eliminación de restricciones cambiarias, exenciones aduaneras, libre disponibilidad de divisas y un blindaje jurídico que obliga al Estado argentino a garantizar estabilidad normativa por tres décadas. Además, el régimen habilita a las empresas a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI en caso de conflictos con el país.
El proyecto también elimina exigencias que sí estaban contempladas en el RIGI original. Una de las más cuestionadas es la eliminación de la obligación de contratar proveedores locales, lo que podría permitir que las empresas importen gran parte de la cadena de valor sin generar empleo industrial argentino.
"Es la ley de los datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado", advirtió el abogado Pablo Ceriani, especialista en el tema, quien además alertó sobre el impacto fiscal y económico del nuevo régimen.
Según Ceriani, el esquema podría terminar profundizando la dependencia económica y debilitando aún más a las pequeñas y medianas empresas nacionales. "Estas empresas facturan más que el PBI argentino y van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano", sostuvo.
El proyecto establece que las compañías interesadas deberán realizar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares por emprendimiento y ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la aprobación. A cambio, recibirán beneficios impositivos y regulatorios inéditos en la legislación argentina reciente.
Uno de los puntos que más preocupación genera en sectores industriales y sindicales es el impacto que el nuevo régimen podría tener sobre el empleo local. El "Súper RIGI" está pensado para sectores altamente automatizados y de fuerte concentración tecnológica, donde la generación de puestos de trabajo suele ser mucho menor en relación con el volumen de inversión.
Además, gran parte de la infraestructura necesaria para estas inversiones -servidores, sistemas de refrigeración, equipamiento tecnológico y hardware especializado- sería importada desde el exterior sin aranceles, lo que reduce todavía más las posibilidades de desarrollo industrial argentino y limita la generación de trabajo nacional.
Mientras las pymes y la industria nacional enfrentan apertura importadora, caída del mercado interno y cierre de empresas, el Gobierno apuesta a un modelo centrado en grandes capitales tecnológicos extranjeros con beneficios excepcionales.
Otro aspecto central del proyecto es el fuerte límite que impone sobre futuras decisiones políticas y económicas del Estado argentino. El régimen garantiza estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria durante 30 años, una cláusula que distintos especialistas consideran un condicionamiento severo para próximos gobiernos.
En ese marco, también crecen las críticas por la cesión de soberanía jurídica que implica el acceso automático a arbitrajes internacionales en caso de conflicto con las empresas beneficiadas.
Desde distintos sectores productivos advierten además que el modelo podría profundizar las asimetrías dentro de la economía argentina, concentrando recursos en actividades tecnológicas de alta rentabilidad mientras se deterioran ramas industriales tradicionales con fuerte generación de empleo.
La iniciativa aparece además en un contexto de creciente cercanía política e ideológica entre Javier Milei y empresarios de Silicon Valley. En los últimos meses, el Presidente mantuvo reuniones con figuras como Peter Thiel y Elon Musk, mientras el Gobierno profundiza su agenda de desregulación económica y apertura a capitales internacionales.
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