Política. El Gobierno acelera cambios en el sistema de seguros y reduce el rol de la Superintendencia

Mientras avanza con modificaciones en el transporte fluvial, las rutas y otros sectores estratégicos, el Gobierno de Javier Milei también trabaja en una profunda reforma del sistema de seguros. El paquete, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a reducir la intervención estatal, redefinir las funciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y simplificar el funcionamiento del mercado asegurador.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en modificar el rol de la Superintendencia de Seguros, organismo encargado de controlar la solvencia de las compañías, autorizar operaciones y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente. La intención oficial es reducir parte de las autorizaciones y trámites administrativos para que el organismo concentre su tarea en la supervisión financiera de las aseguradoras.

Desde el Gobierno sostienen que el esquema actual presenta excesivos controles burocráticos que ralentizan el funcionamiento del mercado. Bajo esa lógica, la reforma buscará agilizar procesos, facilitar la operatoria de las compañías y otorgar mayor libertad para el desarrollo de nuevos productos, en línea con la política de desregulación que el Ejecutivo viene aplicando en distintos sectores de la economía.

La discusión sobre el futuro de la SSN no es nueva. Meses atrás ya había trascendido la posibilidad de fusionar la Superintendencia de Seguros de la Nación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como parte del plan de reorganización de organismos estatales. Si bien esa iniciativa todavía no fue concretada, la nueva reforma vuelve a poner en debate el alcance y la estructura de los organismos de control.

Otro de los cambios en estudio alcanza al mercado de intermediación de seguros. El Gobierno analiza revisar el régimen que regula la actividad de los Productores Asesores de Seguros (PAS) y otros mecanismos de comercialización de pólizas, con el objetivo de ampliar la competencia y facilitar nuevos canales de venta. El sector observa con atención estas modificaciones por el impacto que podrían tener sobre la actividad profesional y el funcionamiento del mercado.

En paralelo, el oficialismo también estudia avanzar en un modelo que otorgue una mayor participación al sector privado en la cobertura de determinados riesgos y prestaciones, una iniciativa que se enmarca en la estrategia oficial de reducir la intervención estatal y ampliar el protagonismo del sector privado en diferentes áreas de la economía.

Las reformas generan preocupación entre trabajadores del organismo y distintos actores del sector asegurador, que advierten sobre el riesgo de debilitar la capacidad de fiscalización del Estado. También señalan que una eventual reducción de estructuras podría traducirse en reorganizaciones internas, cambios en las funciones y posibles recortes de personal dentro de la Superintendencia.