Trabajo. Las apps del delivery multiplican sus ganancias mientras trabajadores y vecinos pagan el costo del negocio

El crecimiento de las aplicaciones de reparto en Argentina volvió a quedar en el centro del debate luego de un informe emitido por el programa GPS, de América TV, conducido por Rolando Graña. La investigación puso el foco en el funcionamiento de las denominadas "Dark Stores", los depósitos desde donde operan servicios como Rappi Turbo y PedidosYa Market, y reveló un escenario donde trabajadores y vecinos aparecen como los principales afectados por un modelo de negocios que continúa expandiéndose sin una regulación específica.

Según los datos difundidos durante el informe, entre 900.000 y 1.000.000 de personas trabajan actualmente en plataformas de traslado y delivery en Argentina, incluyendo conductores de aplicaciones de transporte. Del total, el 40% depende exclusivamente de esta actividad para sostener sus ingresos, mientras que para el 60% restante representa un complemento económico. Además, la cantidad de repartidores vinculados a Rappi y PedidosYa registró un crecimiento del 38%, un dato que el Gobierno exhibe como un indicador positivo de generación de empleo, aunque no existan estadísticas oficiales consolidadas sobre el universo de trabajadores no registrados.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento aparecen las consecuencias del modelo. En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano funcionan alrededor de 30 Dark Stores, depósitos exclusivos para preparar pedidos que concentran diariamente a cientos de repartidores en un mismo punto. Allí se producen largas esperas sobre la vía pública debido a que las empresas no brindan espacios de descanso, baños ni infraestructura adecuada para quienes realizan las entregas.

Los vecinos de los barrios donde funcionan estos centros logísticos describen una realidad cada vez más conflictiva. Denuncian veredas ocupadas por decenas o cientos de motos, ingresos a garajes bloqueados, ruidos permanentes, camiones descargando mercadería durante la madrugada, peleas, amenazas y hechos de violencia. Incluso aseguran que la situación provocó una pérdida de calidad de vida y una depreciación del valor de las propiedades. Algunos testimonios mencionan que hubo personas que iniciaron tratamientos psicológicos y psiquiátricos por estrés, ansiedad e insomnio derivados de la convivencia cotidiana con estas concentraciones.

Pero el informe también muestra la otra cara del problema. Los propios repartidores reconocen que los reclamos vecinales son legítimos, aunque sostienen que ellos también son víctimas de un sistema que los obliga a permanecer durante horas en la calle. Uno de los testimonios resume esa sensación con una frase contundente: "Es una especie de esclavitud, pero con tecnología", al denunciar los bajos pagos por pedidos dobles y la necesidad de realizar cientos de entregas mensuales para alcanzar ingresos que permitan cubrir los gastos básicos.

La precarización laboral aparece como uno de los ejes centrales de la investigación. Para sostener un ingreso que permita afrontar alquiler, alimentación y mantenimiento del vehículo, un repartidor necesita realizar alrededor de 450 entregas por mes, con jornadas extensas y bajo un esquema de remuneración completamente atado a la productividad. A ello se suma la ausencia de derechos laborales tradicionales, como licencias, cobertura frente a accidentes, representación efectiva y condiciones mínimas de infraestructura.

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la exposición de un caso de trabajo infantil, con el testimonio de un adolescente de apenas 14 años que realiza entregas para ayudar económicamente a su familia. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el nivel de vulnerabilidad que puede alcanzar el trabajo en plataformas cuando no existen controles suficientes ni marcos regulatorios específicos.

La investigación también indaga sobre la estructura empresarial detrás de las aplicaciones. Rappi, de origen colombiano, opera en el país bajo la figura de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) y cuenta con el respaldo de importantes fondos internacionales de inversión, mientras que PedidosYa pertenece al grupo alemán Delivery Hero, una de las mayores compañías del mundo en el negocio del reparto a domicilio. Desde distintos sectores cuestionan que empresas de semejante capacidad económica no inviertan en infraestructura para sus trabajadores y trasladen esos costos al espacio público y a las comunidades donde operan.

Otro de los cuestionamientos apunta al funcionamiento legal de estas compañías. Vecinos y representantes sindicales denuncian que las plataformas utilizan oficinas de coworking, modifican con frecuencia sus domicilios y aprovechan vacíos normativos para dificultar notificaciones judiciales y evitar responsabilidades laborales, una situación que, según sostienen, genera una marcada asimetría respecto de las obligaciones que debe cumplir cualquier empresa tradicional radicada en el país.

El informe de GPS deja planteado un debate que excede el conflicto entre repartidores y vecinos. La discusión gira en torno al modelo de las plataformas digitales, el reconocimiento de derechos laborales, la responsabilidad empresarial y la necesidad de una regulación que acompañe el crecimiento de un sector que ya ocupa a cientos de miles de trabajadores. Mientras las aplicaciones continúan expandiendo su negocio, el desafío para el Estado, las empresas y las organizaciones de trabajadores será encontrar un equilibrio que garantice condiciones laborales dignas, preserve la convivencia en los barrios y establezca reglas claras para una actividad que dejó de ser una excepción para convertirse en una parte central del mercado laboral argentino.