1 de julio de 2026
El paquete de desregulación incluye cambios en el cabotaje, habilitaría una mayor participación de buques extranjeros y promete reconfigurar la logística nacional. El proyecto ya genera preocupación entre los sindicatos marítimos, portuarios y del transporte.
El Gobierno nacional acelera una nueva etapa de su agenda desreguladora y prepara una reforma que promete abrir uno de los conflictos sindicales más importantes del año. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, trabaja junto al Ministerio de Economía en un proyecto que apunta a modificar el régimen de cabotaje, flexibilizar el transporte fluvial y marítimo y ampliar la competencia de embarcaciones extranjeras en puertos argentinos. La iniciativa todavía no ingresó al Congreso, pero ya comenzó a generar fuertes repercusiones en el sector.
El eje de la propuesta es cambiar las reglas del transporte de cargas entre puertos argentinos, permitiendo que buques con bandera y tripulación extranjera puedan realizar operaciones que hoy están reservadas, en gran medida, a la marina mercante nacional. Para el Ejecutivo, la medida permitirá reducir costos logísticos, aumentar la competencia y potenciar el uso del transporte por agua, un sistema que considera subutilizado frente al predominio del camión.
Pero detrás de la promesa de mayor eficiencia aparece un escenario de alta conflictividad. La reforma impactaría directamente sobre la actividad de la marina mercante, los prácticos, los trabajadores portuarios y el transporte automotor de cargas, sectores con fuerte representación sindical. Además, uno de los puntos más sensibles es que las embarcaciones extranjeras pasarían a operar bajo el régimen jurídico de su país de matrícula, con eventuales implicancias en materia laboral, impositiva y registral.
Otro de los aspectos centrales del proyecto es la intención oficial de trasladar parte del transporte de cargas desde las rutas hacia la Hidrovía Paraná-Paraguay y el sistema marítimo, especialmente en actividades de gran volumen. Uno de los ejemplos que analiza el Gobierno es el abastecimiento de arena para Vaca Muerta, que hoy se realiza principalmente por camión desde Entre Ríos hacia Neuquén. La idea es que una parte de ese recorrido pueda hacerse por agua y dejar únicamente el tramo final al transporte terrestre.
La iniciativa también contempla modificaciones en el régimen de los prácticos, profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos argentinos. Se trata de una actividad altamente especializada y regulada, por lo que cualquier cambio podría abrir un nuevo foco de discusión con los trabajadores del sector y con los organismos vinculados a la navegación.
Desde el Gobierno sostienen que la Argentina utiliza poco su red fluvial para mover cargas propias y que una mayor apertura del cabotaje permitiría desarrollar una logística más competitiva. Sin embargo, para los sectores sindicales y parte de la industria marítima, la desregulación podría debilitar la marina mercante nacional, afectar puestos de trabajo y modificar un esquema de protección que históricamente buscó preservar el empleo argentino y la soberanía sobre la navegación interior.
Aunque el texto definitivo todavía no fue presentado, la reforma ya es observada con atención por organizaciones gremiales del ámbito marítimo y portuario, que vienen advirtiendo sobre el avance de medidas de apertura en el sector. La experiencia reciente demuestra que las iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno suelen derivar en fuertes disputas judiciales, movilizaciones y reclamos sindicales, por lo que este proyecto podría seguir el mismo camino.
Si el Ejecutivo logra avanzar con la reforma, el transporte de cargas argentino podría ingresar en una transformación profunda. Para el Gobierno será una herramienta para bajar costos y ganar competitividad; para los gremios, en cambio, el debate no solo involucra cuestiones económicas, sino también la defensa del trabajo argentino, la marina mercante nacional y las condiciones laborales de miles de trabajadores vinculados a la actividad.
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