Mundo. Data centers: Londres exige compromisos de empleo, energía y beneficios para las comunidades

El crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando una expansión mundial de los centros de datos, instalaciones que necesitan grandes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración y conexiones de alta capacidad. Frente a este escenario, el Gobierno del Reino Unido impulsa un esquema para facilitar las inversiones tecnológicas, pero con condiciones destinadas a evitar que sus costos recaigan sobre la sociedad.

La propuesta británica contempla acelerar permisos administrativos y conexiones a la red eléctrica para proyectos estratégicos. A cambio, las empresas deberán asumir compromisos relacionados con el consumo de energía y agua, la seguridad informática, la generación de empleo y los beneficios para las comunidades donde se instalen.

Un centro de datos de 100 megavatios puede tener una demanda eléctrica comparable a la de una ciudad, con la particularidad de que su consumo es prácticamente continuo. Estas instalaciones funcionan las 24 horas y requieren refrigeración, respaldo energético y sistemas de seguridad para evitar interrupciones.

El crecimiento del sector también plantea un problema para la infraestructura eléctrica. Si las redes necesitan ampliaciones para abastecer a los nuevos centros de datos, surge una discusión sobre quién debe financiar esas inversiones: las compañías tecnológicas, el Estado o el conjunto de los usuarios mediante las tarifas.

La política británica apunta a que los grandes operadores no trasladen sus costos de infraestructura al resto de los consumidores. Para ello, se prevén mecanismos de información sobre la capacidad de reducir o desplazar temporalmente el consumo cuando el sistema eléctrico se encuentre bajo presión.

El uso del agua constituye otro aspecto central. Algunos sistemas de refrigeración reducen el consumo eléctrico mediante la utilización de agua, mientras que otras tecnologías permiten ahorrar agua a costa de un mayor gasto energético. Por eso, la evaluación de cada proyecto deberá contemplar ambos recursos.

La propuesta también incluye obligaciones de transparencia. Los operadores deberán informar sus consumos reales y máximos de electricidad y agua, así como indicadores de eficiencia, emisiones y capacidad para ofrecer flexibilidad al sistema eléctrico. La falta de información podría derivar en regulaciones obligatorias.

En materia de seguridad, el Reino Unido también busca establecer condiciones especiales para los centros de datos considerados servicios esenciales. El esquema prevé obligaciones de registro, medidas de protección, notificación de incidentes y controles regulatorios.

El modelo abre una discusión relevante para la Argentina, donde la posibilidad de atraer grandes inversiones tecnológicas convive con necesidades de infraestructura, empleo y desarrollo regional. La llegada de capitales no garantiza por sí sola que sus beneficios económicos compensen el consumo de recursos y las obras necesarias para sostenerlos.

La experiencia británica muestra una alternativa de política pública: promover la inversión y la innovación, pero establecer previamente quién financia la infraestructura, qué compromisos asumen las empresas y qué beneficios concretos reciben las comunidades donde se desarrollan los proyectos.