FAL. Caputo cajoneó el FAL de Sturzenegger por temor a un agujero millonario en la ANSES

El Gobierno nacional decidió postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más sensibles de la reforma laboral impulsada por Federico Sturzenegger. Aunque el nuevo sistema debía comenzar a funcionar en junio, ahora podría demorarse hasta seis meses debido a problemas técnicos, financieros y fiscales que encendieron fuertes alarmas dentro del propio equipo económico de Javier Milei.

El FAL había sido presentado como una de las herramientas centrales de la reforma laboral libertaria. El esquema busca reemplazar parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones mediante fondos financieros alimentados con aportes patronales mensuales.

Sin embargo, la falta de reglamentación oficial ya volvió imposible que el sistema arranque en los tiempos previstos originalmente por la ley. El Ministerio de Economía todavía no publicó el decreto reglamentario y dentro del mercado financiero reconocen que los plazos ya quedaron completamente atrasados.

Según distintas versiones publicadas en medios económicos y políticos, la demora no responde solamente a cuestiones operativas. Dentro del Gobierno comenzó a crecer una fuerte preocupación por el impacto que el FAL podría tener sobre la ANSES y el financiamiento de la seguridad social.

Actualmente, una parte importante de los aportes patronales se destina al sistema previsional. Pero con el nuevo esquema impulsado por Sturzenegger, esos recursos pasarían a alimentar fondos financieros privados destinados a cubrir despidos, indemnizaciones o juicios laborales.

En ese contexto, comenzaron a aparecer fuertes tensiones internas entre el ala económica encabezada por Luis Caputo y el sector desregulador que lidera Sturzenegger.

Caputo decidió "cajonear" el FAL por temor a que el sistema genere un agujero multimillonario en la ANSES en medio del ajuste fiscal y la obsesión oficial por sostener el superávit.

Los cálculos que circulan dentro del Gobierno y consultoras privadas no son menores. Un informe citado en las discusiones oficiales estima que la implementación del FAL podría generar un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI, una cifra que dentro del Palacio de Hacienda consideran significativa.

La preocupación también alcanza a la complejidad operativa del sistema. El esquema obligaría a todas las empresas del país con empleados registrados a constituir fondos específicos administrados por entidades financieras o sociedades de bolsa.

Fuentes oficiales reconocen que miles de pymes podrían enfrentar dificultades enormes para implementar el nuevo sistema, especialmente por los costos administrativos y financieros que implicaría administrar fondos separados para cubrir eventuales despidos.

En el mercado financiero también admiten que la reglamentación todavía está completamente verde. Distintas entidades esperaban comenzar a desarrollar productos vinculados al FAL, pero la ausencia de definiciones oficiales paralizó toda la operatoria.

Mientras tanto, desde sectores sindicales y especialistas laborales vienen advirtiendo sobre las consecuencias que podría generar este mecanismo sobre el sistema tradicional de protección laboral.

Para buena parte del movimiento obrero, el FAL representa un intento de flexibilización laboral encubierta, donde las empresas podrían transformar el costo de despido en un mecanismo financiero mientras se debilita el sistema histórico de indemnizaciones.

La demora del proyecto también deja expuesta una creciente interna dentro del propio oficialismo. Mientras Sturzenegger insiste en avanzar con una reforma laboral profunda y nuevos esquemas de desregulación, Caputo empieza a poner límites cuando las medidas amenazan el equilibrio fiscal o el financiamiento previsional.

El freno al FAL muestra además las dificultades que enfrenta el Gobierno para implementar algunos de los puntos más sensibles de la reforma laboral de Milei. Y vuelve a abrir una discusión de fondo sobre quién terminará pagando el costo económico y social de las reformas impulsadas por la administración libertaria.