27 de mayo de 2026
La administración de Javier Milei eliminó las compensaciones que el Estado pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los boletos gratuitos destinados a pacientes oncológicos, personas con discapacidad y trasplantados, en una medida que vuelve a poner el foco sobre el impacto social del ajuste.
El Gobierno nacional oficializó una nueva medida de ajuste que impacta directamente sobre algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei resolvió eliminar el sistema de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, niños y adolescentes con cáncer, pacientes trasplantados y personas en lista de espera para trasplantes.
La decisión no elimina formalmente el derecho a viajar sin cargo, ya que las leyes vigentes continúan obligando a las empresas de transporte a otorgar esos boletos gratuitos. Sin embargo, el Estado dejará de cubrir parte de esos costos y trasladará completamente la carga económica al sector privado, en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional.
La medida impacta sobre los beneficios contemplados en las leyes 22.431, vinculada a discapacidad; 26.928, destinada a personas trasplantadas o en lista de espera; y 27.674, de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer. Hasta ahora existía un régimen mediante el cual el Estado compensaba parcialmente a las empresas por esos pasajes. Con la nueva resolución, ese esquema queda eliminado.
En el oficialismo justifican la decisión como parte del plan de reducción del gasto público y del objetivo de mantener el equilibrio fiscal. Pero la resolución generó fuertes cuestionamientos por el impacto social que podría provocar, especialmente en familias que necesitan trasladarse largas distancias para acceder a tratamientos médicos, controles o intervenciones de alta complejidad.
La medida vuelve a colocar el peso del ajuste sobre sectores atravesados por enfermedades graves, discapacidad y situaciones de extrema vulnerabilidad social.
El texto oficial establece que las empresas deberán continuar otorgando los pasajes gratuitos previstos por ley y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento del sistema.
Sin embargo, dentro del sector del transporte ya comenzaron a surgir interrogantes sobre cómo absorberán las compañías el costo total de esos boletos en un contexto de caída de pasajeros, aumentos operativos y crisis económica.
La decisión además aparece en medio de un escenario donde distintos sectores sociales vienen denunciando recortes en políticas públicas vinculadas a salud, discapacidad y asistencia social. Organizaciones de pacientes y familiares advirtieron que cualquier dificultad adicional para acceder al transporte puede convertirse en una barrera crítica para personas que necesitan atención médica permanente.
En muchos casos, los viajes de larga distancia no son opcionales: forman parte de tratamientos médicos, controles oncológicos, trasplantes o seguimientos clínicos que sólo pueden realizarse en grandes centros urbanos.
El nuevo esquema también abre interrogantes sobre el futuro del sistema. Si bien el Gobierno sostiene que el beneficio continuará vigente, distintos sectores temen que el retiro total del financiamiento estatal termine generando mayores restricciones, demoras o dificultades en la entrega de pasajes gratuitos.
La medida fue interpretada por organizaciones sociales y sectores opositores como otro avance del ajuste libertario sobre derechos básicos y políticas de asistencia destinadas a los sectores más sensibles de la población.
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