12 de julio de 2026

Trabajo

Trabajo. Milei cambia el "Estado en pausa": ahora se activaría por déficit fiscal

Nuevos detalles del proyecto que prepara el Gobierno modifican el esquema conocido hasta ahora: el mecanismo podría activarse cuando haya déficit fiscal y abre interrogantes sobre el futuro de los trabajadores de la administración pública.

El proyecto de "shutdown" que impulsa el presidente Javier Milei sumó en las últimas horas un dato que cambia el eje del debate. Mientras que hasta ahora la iniciativa era comparada con el sistema vigente en Estados Unidos, donde el cierre parcial del Estado ocurre cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto, la nueva información indica que la versión argentina podría activarse cuando las cuentas públicas entren en déficit fiscal, como parte de una estrategia para blindar el superávit por ley.

La iniciativa es elaborada por el Presidente junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El objetivo sería incorporar una regla fiscal que obligue al Estado a aplicar un mecanismo automático de ajuste antes de que el déficit se consolide, diferenciándose del modelo estadounidense, cuyo origen es exclusivamente político e institucional.

Uno de los aspectos que más preocupación genera es el impacto que podría tener sobre el funcionamiento del Estado y sobre sus trabajadores. De acuerdo con la información difundida, antes de que el mecanismo entre en vigencia habría una instancia para que el Congreso defina qué partidas presupuestarias reducir, pero si no existiera una decisión legislativa, el ajuste se activaría automáticamente.

En ese contexto, La Nación señala que el Gobierno analiza preservar únicamente determinados gastos considerados esenciales, entre ellos las jubilaciones, los programas sociales, el pago de la deuda, la seguridad y la defensa. Sin embargo, los salarios de los trabajadores de la administración pública no aparecen mencionados entre esas partidas protegidas, un dato que encendió las alarmas entre especialistas y sectores sindicales.

Esa ausencia no implica, por sí sola, que los salarios vayan a dejar de pagarse, ya que el texto definitivo del proyecto todavía no fue presentado. Pero sí abre un interrogante de enorme importancia: si el mecanismo se activa por déficit fiscal y los haberes estatales no cuentan con una protección expresa, podrían quedar alcanzados por demoras, congelamientos o quedar sujetos a una resolución posterior, dependiendo de cómo finalmente quede redactada la iniciativa.

La experiencia de Estados Unidos muestra que, durante distintos shutdowns, miles de empleados federales atravesaron períodos sin cobrar sus salarios hasta que el conflicto fue resuelto por el Congreso, aunque luego recibieron pagos retroactivos. En el caso argentino no existe, hasta el momento, ninguna garantía pública de que un mecanismo similar contemple esa compensación, por lo que el impacto sobre los trabajadores estatales podría ser diferente.

De confirmarse esta orientación, el proyecto dejaría de ser una herramienta vinculada exclusivamente a la aprobación del Presupuesto para convertirse en un mecanismo permanente de disciplina fiscal, que podría activarse cada vez que el Estado registre déficit. Ese cambio representa un giro de fondo respecto de la comparación inicial con el modelo estadounidense y coloca al equilibrio de las cuentas públicas como el eje central de la iniciativa.

Mientras el Gobierno continúa trabajando en la redacción del proyecto, todavía quedan numerosos aspectos por conocerse, especialmente aquellos relacionados con el alcance de los recortes, las garantías para los trabajadores estatales y el funcionamiento de la administración pública en caso de activarse el mecanismo. Hasta que el texto sea enviado al Congreso, el debate seguirá abierto, pero la nueva información confirma que el posible impacto sobre el empleo público será uno de los puntos más sensibles de la discusión.

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