30 de mayo de 2025
La Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucional el decreto presidencial que impedía a adolescentes acceder a tratamientos hormonales y cirugías de adecuación de género, reafirmando la vigencia de la Ley de Identidad de Género.
En un fallo trascendental, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná invalidó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°62/2025, emitido por el presidente Javier Milei, que prohibía a menores de 18 años acceder a tratamientos hormonales y cirugías de adecuación de género.
El tribunal respaldó la sentencia previa del juez federal Daniel Edgardo Alonso, quien había ordenado a la obra social OSECAC autorizar y cubrir una mastectomía solicitada por un adolescente trans de 17 años.
Los jueces Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche fundamentaron su decisión en la ausencia de circunstancias excepcionales que justificaran la modificación legislativa mediante un DNU, señalando que el decreto carecía de una argumentación suficiente y constituía un "arrogamiento de facultades legislativas" por parte del Ejecutivo. La jueza Cintia Graciela Gómez votó en disidencia.
La obra social OSECAC ha sido objeto de críticas por obstaculizar el acceso a tratamientos de adecuación de género. En este caso, se negó inicialmente a cubrir la cirugía solicitada, lo que motivó la intervención judicial. Además, en situaciones anteriores, OSECAC ha exigido requisitos adicionales no contemplados por la Ley de Identidad de Género, como informes psicológicos, para autorizar intervenciones quirúrgicas, lo que ha sido considerado discriminatorio y contrario a la legislación vigente.
Este fallo reafirma la plena vigencia del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), que garantiza el derecho de las personas, incluidas las menores de 18 años, a acceder a tratamientos médicos para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. La decisión judicial representa un respaldo a los derechos de las adolescencias trans y una limitación a las facultades del Ejecutivo para modificar leyes mediante decretos sin la debida justificación.
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