2 de marzo de 2026
La central obrera presentó una acción judicial contra la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei y realizó un acto en Plaza de Tribunales donde leyó un duro comunicado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este lunes una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral sancionada por el oficialismo. La acción fue acompañada por un acto en la Plaza de Tribunales, frente al Palacio de Justicia, donde dirigentes sindicales leyeron un extenso comunicado en el que cuestionaron con dureza el contenido y el impacto de la norma.
En el documento, la central obrera sostuvo que la reforma "mal llamada de modernización" vulnera principios constitucionales básicos, entre ellos el de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo. Según la CGT, la ley implica un retroceso en derechos laborales adquiridos y afecta garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga y la negociación colectiva.
Durante el acto, los dirigentes remarcaron que la reforma no resolverá los problemas estructurales de empleo ni la informalidad, y afirmaron que la pobreza, la precarización y el desempleo no derivan de la legislación laboral vigente, sino de la falta de crecimiento económico y de inversión productiva. En esa línea, vincularon el nuevo marco normativo con el programa económico general del Gobierno.
Entre los puntos más cuestionados, la CGT enumeró la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de sanciones a empleadores por incumplimientos previsionales, la habilitación de convenios por empresa y la restricción del derecho de huelga. También criticó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que permitiría financiar indemnizaciones con aportes de los propios trabajadores, generando -según denunciaron- una transferencia de recursos y un desfinanciamiento de la seguridad social.
El comunicado también hizo referencia al contexto económico, señalando que en los primeros dos años de gestión se habrían perdido más de 300.000 empleos entre asalariados y no asalariados, con caída del consumo, del poder adquisitivo y de la actividad en múltiples sectores. La central afirmó que la reforma se inscribe en un escenario de aumento de la desocupación, cierre de empresas y endeudamiento creciente.
Además de la vía judicial, la CGT ratificó que continuará su estrategia de resistencia "en la calle, en las instancias institucionales y en la Justicia", recordando las movilizaciones y paros generales realizados en el último período. En ese marco, la concentración en Plaza de Tribunales buscó visibilizar el inicio del reclamo formal ante los tribunales y reforzar el posicionamiento político de la central frente al Gobierno.
Con esta presentación, la CGT abre un nuevo capítulo en el conflicto con el Poder Ejecutivo y traslada la disputa al ámbito judicial, donde buscará que se revise la constitucionalidad de la reforma laboral, mientras mantiene activa su estrategia de movilización y presión institucional.
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