Trabajo. El gobierno festeja la baja conflictividad laboral: ¿logro o manipulación?

El Gobierno de Javier Milei celebró la baja histórica en los niveles de conflictividad laboral durante el segundo semestre de 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las cifras y las explicaciones detrás de este anuncio despiertan críticas y dudas sobre su veracidad y contexto.

Según el informe, los conflictos laborales con paro alcanzaron un promedio mensual de 14, el nivel más bajo desde 2006. Además, se reporta que solo 15.155 trabajadores participaron en huelgas por mes, una caída drástica comparada con los más de 100 mil huelguistas registrados en 2008. Pero el análisis más crítico apunta a los métodos que el gobierno ha utilizado para "reducir" esta conflictividad: medidas coercitivas y sanciones severas contra los derechos laborales.

La Ley 27.742 Bases es uno de los pilares que el gobierno atribuye al supuesto éxito. Sin embargo, esta normativa ha sido ampliamente cuestionada por sindicatos y especialistas laborales, quienes la señalan como una herramienta para intimidar y desarticular la organización sindical. Las sanciones por participar en bloqueos o tomas de establecimientos, calificadas como "injurias laborales graves", han tenido un efecto disuasivo que podría estar detrás de las bajas cifras, más que una verdadera mejora en las condiciones laborales.

Asimismo, la reducción de cortes de calle a un promedio de cinco por mes, en contraste con los 34 de 2017, también levanta sospechas. ¿Se trata realmente de una sociedad más pacífica, o de una que tiene miedo de expresarse o bien se ve impedida conforme al protocolo antipiquetes vigente (aunque selectivo)? Los crecientes casos de criminalización de la protesta social podrían estar detrás de este fenómeno.

En cuanto al empleo y el poder adquisitivo, el Gobierno sostiene que el salario real creció un 18% durante 2024, alcanzando su punto más alto desde 2020. Pero este dato contrasta con la percepción general de los trabajadores y con informes independientes que señalan que, pese a la desaceleración de la inflación, los aumentos salariales no logran compensar las subas acumuladas en años anteriores.

Por otro lado, el informe destaca la creación de 19 mil empleos formales entre agosto y noviembre, lo que representa un crecimiento del 0,3%. Sin embargo, esta cifra, aunque positiva, resulta insuficiente frente a la magnitud del desempleo y la informalidad que aún persisten en el país. En efecto, el país experimentó un leve rebote en ese período, con posterioridad a la destrucción de empleos de inicios del gobierno Milei. Por otra parte, la proyección para este 2025 en cuanto a creación de puestos de trabajo no es nada alentadora, con crisis en la industria, la construcción e incluso el campo.

Lejos de ser un logro incuestionable, la baja conflictividad laboral anunciada por el Gobierno parece responder más a un escenario de represión y desgaste de los derechos laborales que a una mejora genuina en las condiciones de los trabajadores. ¿Es sostenible este modelo a largo plazo? Esa es la pregunta que deberá responder el gobierno mientras se apresta para encarar un año electoral.