31 de julio de 2025
El tipo de cambio oficial subió 12,8% en julio por orden del FMI. Al mismo tiempo, ARCA comenzó a controlar las compras con tarjeta en plataformas como Shein y Temu.
En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional decidió liberar el tipo de cambio oficial y permitir que el dólar suba sin intervención del Banco Central. El resultado fue inmediato: solo en julio, el dólar oficial trepó un 12,8% y superó los $1.370. Esta devaluación silenciosa, impulsada por el ministro Luis Caputo, forma parte del paquete de medidas que exige el organismo internacional a cambio de mantener el financiamiento externo.
Mientras tanto, en el plano doméstico, quienes intentan realizar compras al exterior enfrentan nuevas trabas. La flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un sistema de fiscalización sobre consumos con tarjeta en plataformas extranjeras, apuntando especialmente a sitios como Shein y Temu. A partir de ahora, los emisores de tarjetas deben informar con detalle cada operación: monto, comercio, país de origen, método de pago y número de CUIT del comprador.
Según los nuevos criterios de ARCA, si los consumos no se condicen con la capacidad fiscal declarada por la persona -por ejemplo, si un monotributista gasta más de lo que factura-, el sistema puede activar sanciones como la retención de envíos, bloqueos de tarjeta o exclusión de operaciones futuras. Además, si los paquetes ingresan por Correo Argentino, el usuario está obligado a declarar la recepción en el sitio oficial del organismo en un plazo de 30 días. Si no lo hace, quedará inhabilitado para seguir comprando.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno abandona todo control sobre el mercado cambiario, permitiendo que el dólar se dispare y encarezca los productos básicos, endurece la vigilancia sobre los consumidores comunes que compran ropa o productos tecnológicos baratos por Internet. Se trata de una doble vara que favorece a los grandes jugadores del mercado y recae sobre los sectores medios y populares, que ven deteriorarse su poder adquisitivo y enfrentan nuevas barreras para acceder al consumo.
En lugar de aplicar controles sobre los grandes formadores de precios o sobre los actores más concentrados del comercio exterior, el Ejecutivo opta por fiscalizar al usuario de a pie. Así, en nombre de la "libertad económica", se desregula el dólar, con más devaluación que impactara directo en los salarios y se restringe cada vez más la posibilidad de comprar afuera.
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