26 de septiembre de 2026
El Congreso aprobó una compensación impulsada por el Gobierno que elimina deudas de las distribuidoras con Cammesa, mientras las empresas deberán desistir de reclamos multimillonarios contra el Estado.
Mientras millones de familias hacen cuentas todos los meses para pagar las tarifas, el alquiler, los alimentos y las cuotas, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una medida que beneficia directamente los balances de las dos principales distribuidoras eléctricas del AMBA: Edenor y Edesur podrán cancelar deudas con el Estado equivalentes a unos US$ 750 millones.
La decisión fue aprobada por el Congreso a partir de una iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo. En concreto, Edenor mantiene compromisos con Cammesa equivalentes a alrededor de US$ 450 millones y Edesur por otros US$ 300 millones, obligaciones que habían sido reconocidas y regularizadas mediante planes de pago de hasta ocho años.
La operación no consiste únicamente en una condonación unilateral. A cambio, Edenor y Edesur deberán abandonar los reclamos contra el Estado vinculados a los ingresos que aseguran haber perdido durante años de congelamiento tarifario. Según estimaciones citadas por el sector energético, esos planteos podrían alcanzar hasta US$ 3.200 millones entre ambas compañías, aunque existen cálculos empresariales considerablemente menores.
Para el Gobierno, el mecanismo permite cerrar una controversia que se arrastra desde hace más de dos décadas. Las empresas sostienen que durante los períodos de congelamiento tarifario no recibieron los ingresos previstos en sus contratos de concesión y acumularon deudas con Cammesa al no poder cubrir completamente la compra de energía y otros costos operativos.
Pero la medida genera una imagen difícil de separar de la realidad cotidiana de trabajadores y jubilados: las deudas de las compañías eléctricas pueden ser compensadas mediante una ley, mientras cualquier usuario que acumule facturas impagas debe afrontar intereses, planes de pago y eventualmente el riesgo de interrupción del servicio. El propio Estado mantiene mecanismos específicos para que los usuarios reclamen problemas de facturación o deudas atribuidas incorrectamente.
El beneficio quedó incorporado en el artículo 4° de un paquete de modificaciones del mercado energético, dentro de la misma iniciativa que habilitó cambios en el régimen de Zona Fría. Ese esquema alcanzaba a unos 4,1 millones de usuarios del servicio de gas, cuyos beneficios podrán ser reducidos o eliminados bajo la nueva normativa.
Una vez reglamentada la ley, el Estado deberá calcular las diferencias de ingresos reclamadas por las distribuidoras. Como condición para acceder al mecanismo, las compañías tendrán que desistir de la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos relacionados con las emergencias tarifarias, incluyendo eventuales demandas contra el Estado o Cammesa.
Así, mientras la deuda continúa siendo una preocupación central para miles de hogares trabajadores, Edenor y Edesur tendrán la posibilidad de limpiar de sus balances obligaciones por unos US$ 750 millones. El Gobierno sostiene que, a cambio, evita litigios potencialmente mucho más costosos para el Estado; el resultado concreto será un perdón cruzado de deudas entre las empresas y el sector público que ahora deberá terminar de instrumentarse con la reglamentación.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
© 2026 | Identidad Sindical |
