17 de noviembre de 2026
La sindicatura de Algodonera Avellaneda solicitó a la Justicia el cese de actividades por la imposibilidad de sostener los costos operativos.
La crisis de la industria textil amenaza con dejar a otros 243 trabajadores sin empleo. La sindicatura de Algodonera Avellaneda, empresa vinculada a la familia Vicentin, solicitó a la Justicia el cierre de sus tres plantas industriales y la desvinculación de la totalidad de su personal, al considerar que la continuidad de las operaciones resulta económicamente inviable.
La compañía, cuya quiebra fue declarada en octubre pasado, atraviesa un deterioro financiero que se profundizó durante los últimos meses. Los ingresos generados por la actividad apenas alcanzan para cubrir los salarios, mientras que los gastos de energía, insumos y servicios acumulan deudas millonarias.
La presentación fue realizada ante el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe. El magistrado deberá resolver si autoriza la continuidad transitoria de las operaciones o dispone el cierre definitivo de las instalaciones.
Los establecimientos afectados son la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera y General Pinedo, en Chaco. La recomendación judicial contempla también la posibilidad de avanzar con la venta de activos para afrontar las obligaciones pendientes.
Según el informe de la sindicatura, la empresa acumula deudas mensuales por aproximadamente $814,7 millones entre salarios, energía y servicios. Solo en la hilandería de Reconquista, los gastos de funcionamiento superan ampliamente los ingresos disponibles.
La situación se agravó después de que fracasaran las negociaciones con acreedores y no se presentaran interesados en el proceso de salvataje. En ese escenario, la Justicia permitió que las plantas continuaran funcionando bajo una administración transitoria para intentar preservar los puestos de trabajo.
Sin embargo, los responsables de la sindicatura señalaron que los costos operativos resultan insostenibles. También fueron rechazadas alternativas destinadas a incrementar los ingresos, como aumentar las tarifas de servicios industriales o cobrar determinados costos de energía a las empresas contratantes.
El posible cierre alcanzaría a 204 trabajadores de Reconquista, 21 de Bandera y 18 de General Pinedo. Los sindicatos advirtieron que el cese de actividades implicaría la pérdida de ingresos para cientos de familias y reclamaron una solución que permita mantener las fuentes laborales.
La sindicatura también planteó la necesidad de preservar las instalaciones y la maquinaria mientras avanza el proceso de venta de activos. La decisión final quedó en manos de la Justicia, que deberá evaluar si existe alguna alternativa de continuidad productiva o si corresponde avanzar con el cierre de las tres plantas.
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