25 de junio de 2026
Alrededor de una veintena de dependencias militares habrían sufrido cortes en el suministro eléctrico por deudas con las empresas prestadoras del servicio.
La política de ajuste del gasto público sumó un nuevo capítulo. Unas veinte dependencias del Ejército Argentino quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia de la falta de pago de las facturas de energía, una situación que expone el impacto del aumento de las tarifas y las restricciones presupuestarias sobre una de las principales fuerzas del Estado.
De acuerdo con la información publicada, los cortes afectaron distintas instalaciones militares y pusieron en evidencia las dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento. El episodio ocurre en un contexto de fuertes incrementos en los costos de los servicios públicos y de presupuestos cada vez más ajustados para distintas áreas de la administración nacional.
La situación se suma a los reiterados reclamos por el deterioro salarial del personal militar, que desde hace meses advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para sostener las tareas operativas. A esto se agregan las limitaciones para el mantenimiento de infraestructura, vehículos y equipamiento.
En ese escenario, el tarifazo comenzó a impactar de lleno en organismos públicos estratégicos, que deben afrontar aumentos en los costos de electricidad, gas y otros servicios esenciales sin que, en muchos casos, esos incrementos sean acompañados por una actualización de las partidas presupuestarias.
Los cortes de energía también generan preocupación por las consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de las unidades militares, ya que afectan tareas administrativas, sistemas de comunicación, mantenimiento de instalaciones y distintas actividades necesarias para la operatividad de la fuerza.
Mientras tanto, el episodio reabre el debate sobre el alcance del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y sus efectos sobre organismos esenciales del Estado. El caso del Ejército se suma a otras áreas que vienen denunciando dificultades para sostener prestaciones y servicios ante el incremento de los costos y la falta de recursos para hacerles frente.
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