6 de agosto de 2026
La falta de votos, la presión de gobernadores y el rechazo sindical y social obligaron al oficialismo a retirar uno de los capítulos centrales del proyecto de propiedad privada.
El Gobierno nacional sufrió una dura derrota política en el Congreso al verse obligado a retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que ampliaba la posibilidad de venta de tierras argentinas a capitales extranjeros. La iniciativa, defendida por Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, no reunió los apoyos necesarios para superar el debate parlamentario.
La decisión fue tomada luego de varias jornadas de negociaciones con senadores aliados y representantes de las provincias, que advirtieron que no acompañarían una modificación de semejante alcance. El oficialismo comprobó que no tenía los votos y optó por eliminar el apartado antes de exponerse a una derrota todavía más contundente en el recinto.
El capítulo cuestionado buscaba flexibilizar los límites establecidos para la adquisición de campos y territorios por parte de personas y empresas extranjeras. Desde distintos sectores señalaron que la reforma podía facilitar una mayor concentración de la tierra y de los recursos naturales en manos de grandes grupos económicos internacionales.
La presión no provino únicamente de la oposición parlamentaria. Gobernadores, legisladores provinciales, organizaciones sindicales, entidades productivas y referentes de la cultura se pronunciaron contra la iniciativa. La consigna "la tierra no se vende" logró atravesar distintos espacios y convirtió la discusión en un problema político de alcance nacional.
La CGT y otras organizaciones del movimiento obrero advirtieron que la tierra no puede ser tratada como una mercancía más. Los sindicatos vincularon el proyecto con el avance de una política económica que busca entregar recursos estratégicos, debilitar la soberanía nacional y favorecer a grandes inversores por encima de las necesidades de las comunidades.
La resistencia también quedó expuesta dentro del propio bloque de aliados del Gobierno. Algunos senadores cercanos a la Casa Rosada plantearon reparos por el impacto que la reforma podía provocar en provincias con grandes extensiones territoriales, zonas de frontera, reservas de agua dulce y recursos considerados estratégicos.
Patricia Bullrich intentó defender la propuesta al sostener que el cambio de dueño de una propiedad no implicaba una pérdida de soberanía. Sin embargo, ese argumento no alcanzó para contener el rechazo. El Gobierno quedó aislado en una discusión sensible y debió abandonar uno de los puntos que había presentado como prioritarios.
El retroceso representa además un golpe para Federico Sturzenegger, señalado como uno de los principales impulsores del proyecto. El ministro quedó en el centro de las críticas por promover reformas sin construir previamente consensos políticos, productivos ni territoriales que garantizaran su aprobación.
El retiro del capítulo no significa que el debate haya terminado: el resto del proyecto continuará su tratamiento legislativo. Sin embargo, la eliminación de la flexibilización sobre tierras extranjeras constituye una derrota concreta para el Gobierno y una victoria para los sectores que se movilizaron en defensa del territorio y la soberanía nacional.
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