Política. Privatizaciones en cadena: el Gobierno pone en juego energía, agua y servicios públicos

El Gobierno nacional prepara para las próximas semanas una nueva etapa de privatizaciones y concesiones que alcanzará a empresas e infraestructura estratégica vinculada a la energía, el agua y los servicios públicos. La administración de Javier Milei busca acelerar las operaciones con el objetivo de obtener más de US$1.000 millones antes de fin de año.

Uno de los primeros movimientos será la venta de las participaciones que Enarsa mantiene en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. El Estado posee el 65,06% de Manuel Belgrano y el 68,83% de José de San Martín, dos instalaciones de generación eléctrica de peso dentro del sistema energético nacional.

La expectativa oficial es conseguir alrededor de US$300 millones por cada una de esas participaciones, lo que permitiría recaudar cerca de US$600 millones con ambas operaciones. La central Manuel Belgrano se encuentra en Campana, provincia de Buenos Aires, mientras que José de San Martín funciona en Timbúes, Santa Fe.

El proceso privatizador también se extenderá a nuevas concesiones de centrales hidroeléctricas. El Gobierno trabaja sobre distintos activos cuya explotación estuvo durante décadas en manos privadas y que, tras el vencimiento de las concesiones originales, atravesaron períodos de transición bajo administración estatal.

Otro de los capítulos centrales será el futuro de los gasoductos operados por Enarsa, entre ellos el Gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner-, la Reversión del Gasoducto Norte, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy. En conjunto, la red involucrada supera los 3.100 kilómetros de infraestructura destinada al transporte de gas.

En paralelo, el Ejecutivo avanza con la privatización de AySA, donde el Estado puso en venta el 90% de las acciones de la compañía. El Gobierno espera obtener alrededor de US$500 millones con la operación y prevé que el futuro adjudicatario asuma compromisos de inversión para los próximos años.

La lista incluye además a Intercargo, empresa que cuenta con más de 1.500 trabajadores, luego de que el primer intento de venta no recibiera ofertas. La administración nacional busca reactivar el proceso, en otro frente donde el avance privatizador involucra de manera directa a empresas públicas y a sus planteles laborales.

De esta manera, centrales termoeléctricas, represas, gasoductos, AySA e Intercargo quedan comprendidos en una nueva etapa del programa de privatizaciones del Gobierno. El objetivo oficial es acelerar el ingreso de divisas y reducir la participación estatal en distintos sectores, mientras las operaciones previstas vuelven a poner en discusión el futuro de activos estratégicos y de los trabajadores vinculados a esas empresas.