5 de septiembre de 2026
El desplazado secretario general del gremio de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes pedirá la nulidad de la intervención y analiza llevar el caso ante la OIT.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó en el centro de una grave denuncia por presunta injerencia política en una organización sindical, luego de que la sede intervenida del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos fuera utilizada para realizar un acto de La Libertad Avanza con funcionarios nacionales y dirigentes del espacio libertario.
El conflicto comenzó el 28 de diciembre, cuando un grupo encabezado por Iván Amaro tomó por la fuerza las instalaciones del gremio en Concordia, rompió las cerraduras y desplazó a su secretario general, Alcides Camejo. Amaro había sido condenado en 2016 a tres años de prisión por el intento de homicidio del exdiputado provincial Alejandro Bahler.
La ocupación fue presentada como parte de un proceso de "normalización" impulsado bajo el argumento de una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu). Sin embargo, desde el sector desplazado sostienen que la intervención habría tenido objetivos políticos y económicos ajenos al funcionamiento institucional del sindicato.
Para obtener el aval de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, Amaro habría actuado en coordinación con Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia. Según la denuncia, Vidoni funcionó como intermediario institucional durante el proceso que terminó con el desplazamiento de Camejo.
La controversia se profundizó cuando Vidoni participó de un acto partidario realizado en la propia sede sindical intervenida. También estuvieron Amaro y Roque "Lagarto" Fleitas, presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, quien llegó acompañado por banderas del espacio político encabezado por Javier Milei.
Del encuentro participaron, además, el diputado nacional Pablo Ansaloni; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Martín Fernández; y el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio. La presencia de funcionarios y referentes libertarios convirtió al acto en una prueba central para quienes cuestionan la imparcialidad de la intervención.
La defensa de Camejo presentará las imágenes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para argumentar que Vidoni tenía un interés político-partidario. Sus abogados sostienen que esa situación podría comprometer los informes, actas e inspecciones elaborados por la delegación territorial y utilizados posteriormente para justificar la intervención del sindicato.
El planteo buscará la nulidad absoluta de todo el procedimiento por un presunto "vicio de finalidad", de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos. La acusación sostiene que la intervención no habría tenido como propósito normalizar la organización, sino tomar su control político y económico. Si la Justicia acepta ese argumento, el proceso podría quedar anulado y Camejo ser restituido al frente del gremio.
El dirigente desplazado también analiza denunciar al Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo por una posible violación del Convenio 87 sobre libertad sindical. El reclamo alcanzaría directamente al Ministerio de Capital Humano, como autoridad responsable de garantizar su cumplimiento, y apuntaría a determinar si existió una injerencia estatal directa mediante la utilización partidaria de un sindicato intervenido.
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