4 de septiembre de 2026
La nueva licitación del transporte público impulsada por Mariel Fernández abrió una fuerte disputa con empresarios y la UTA, que reclamó garantías para los trabajadores antes de cualquier adjudicación.
El nuevo esquema de transporte público que impulsa la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, desató un conflicto con las empresas del sector y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El eje de la discusión está puesto en la licitación de los recorridos de colectivos del distrito y, principalmente, en qué sucederá con la continuidad laboral de los trabajadores cuando se adjudiquen las nuevas líneas.
El Concejo Deliberante de Moreno aprobó el llamado a licitación para reorganizar el sistema de transporte de pasajeros, una iniciativa que la gestión municipal presenta como una transformación profunda de los recorridos. El nuevo esquema entrará en vigencia en enero y busca incorporar más prestadores, ampliar la cobertura y generar conexiones más directas entre barrios, establecimientos educativos, centros de salud y zonas productivas.
Desde el Municipio defendieron la medida como una forma de terminar con lo que consideran una "monopolización del transporte público". Fernández aseguró que la iniciativa no está dirigida contra una empresa en particular y sostuvo que el objetivo es generar mayor equidad en la prestación del servicio para los habitantes de Moreno.
La licitación establece una división del distrito en tres zonas, cada una con distintos recorridos y cantidades mínimas de unidades. La primera contempla 14 líneas y 75 colectivos; la segunda incluye 17 recorridos, más ramales complementarios, y exige 86 unidades; mientras que la tercera prevé 11 líneas y servicios adicionales, con otra importante dotación de vehículos.
El nuevo esquema generó resistencia entre las compañías que actualmente operan en el municipio. Empresarios del transporte cuestionaron los costos y las exigencias establecidas en los pliegos, entre ellas determinadas inversiones en infraestructura y renovación de unidades. Desde el sector advierten que las condiciones podrían favorecer a empresas de mayor tamaño con mayor capacidad financiera para cumplir los requisitos.
La tensión escaló con una protesta de empresas frente al Palacio Municipal y con la intervención directa de la UTA, que puso el foco en la situación de los choferes. El sindicato reclamó que cualquier modificación del sistema garantice previamente la continuidad de quienes actualmente trabajan en las líneas alcanzadas por la licitación.
En un comunicado dirigido a la gestión de Fernández, el gremio fue contundente: "La continuidad laboral debe estar garantizada antes de una adjudicación". La UTA agregó que, si la situación no se resuelve, el Municipio podría generar "un escenario de creciente conflictividad que pone innecesariamente en riesgo la paz social".
La apertura de sobres de la licitación, para la que se presentaron cinco firmas, será una instancia clave para conocer cómo quedará conformado el nuevo mapa del transporte en Moreno. Mientras el Municipio sostiene que la reforma permitirá mejorar el servicio, la continuidad de los puestos de trabajo quedó instalada como el principal punto de conflicto entre la intendencia, las empresas y la UTA.
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