Política. No te comas la curva: Milei habla de Malvinas, pero benefició a una petrolera británica

Javier Milei colocó inesperadamente la causa Malvinas en el centro de la agenda nacional mediante una cadena nacional en la que rechazó el avance del proyecto petrolero Sea Lion, anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas y prometió fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. El giro se produjo en medio de dificultades económicas, una imagen presidencial en retroceso y la necesidad del Gobierno de recuperar la iniciativa política.

La nueva posición contrasta con los antecedentes del propio mandatario. Durante la campaña presidencial, Milei elogió a Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982, y la definió como una de "las grandes líderes de la historia de la humanidad". Más tarde volvió a reivindicar su figura en una entrevista con la BBC, pese al papel que tuvo la dirigente conservadora en el conflicto que dejó 649 argentinos muertos.

El discurso soberanista también choca con una decisión tomada por el Gobierno de Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. El Ejecutivo incorporó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones un proyecto de Southern Energy, sociedad integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y la petrolera británica Harbour Energy. Esta última posee una participación del 15% en el consorcio.

La presencia de Harbour Energy no es un dato menor. La compañía surgió de la fusión entre Chrysaor Holdings y Premier Oil, petrolera inhabilitada por la Argentina en 2013 por operar con licencias otorgadas por las autoridades británicas de Malvinas. En 2021, la Cancillería inició además actuaciones contra Harbour Energy por actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Pese a esos antecedentes, el Gobierno autorizó a Southern Energy a exportar gas natural licuado durante 30 años y aprobó su incorporación al RIGI, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo. La Resolución 165/2025 de la Secretaría de Energía otorgó el certificado de libre exportación, mientras que documentación oficial posterior identificó expresamente a Harbour Energy como uno de los accionistas del proyecto.

Los beneficios obtenidos en el país fueron destacados por la propia petrolera ante sus inversores. Harbour Energy informó que la Argentina ocupa un lugar central dentro de su cartera internacional y presentó a Southern Energy como el primer proyecto argentino de gas natural licuado incorporado al RIGI. La empresa también comunicó avances en sus operaciones locales y en los acuerdos destinados a exportar el gas argentino hacia el mercado europeo.

La contradicción se extiende a la política territorial del oficialismo. Apenas un mes antes del discurso presidencial, el Gobierno intentó eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ante el rechazo que encontró en el Congreso, modificó su propuesta y buscó elevar del 15% al 25% el máximo de tierras en manos foráneas, aunque finalmente ese capítulo fue retirado durante el tratamiento en el Senado.

En plena discusión sobre la reforma, el periodista Eduardo Feinmann le preguntó al canciller Pablo Quirno si un extranjero podría comprar "un pueblo entero o una provincia entera" en caso de aprobarse la iniciativa. "Y sí. Eso va a producir beneficios para la Argentina", respondió el funcionario, sin mencionar límites relacionados con la extensión, la ubicación estratégica o los recursos naturales existentes en esos territorios.

La respuesta de Quirno resumió la posición oficial frente a la extranjerización de la tierra. Para defender el proyecto, el Gobierno argumentó que levantar las restricciones permitiría atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares. La propuesta buscaba remover límites en un país que ya tiene cerca de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, con una concentración especialmente sensible en zonas fronterizas y áreas que contienen agua, minerales y otros recursos estratégicos.

El renovado interés de Milei por Malvinas también apareció después de una serie de declaraciones de Donald Trump contra el Reino Unido. Consultado sobre si Estados Unidos respaldaría a Londres ante un eventual conflicto por las islas, el mandatario norteamericano evitó comprometer su apoyo y recordó que el Gobierno británico no lo acompañó militarmente en la guerra contra Irán. Trump también cuestionó que Londres no hubiera enviado embarcaciones para colaborar con las operaciones destinadas a garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz. (Sky News)

Las palabras de Trump no representaron un reconocimiento estadounidense de la soberanía argentina. Washington mantiene formalmente su posición neutral sobre la disputa y sólo anunció que se encuentra revisándola, en medio de sus tensiones con Londres por Irán, la cooperación militar y el gasto en defensa. Milei tomó ese enfrentamiento circunstancial como una oportunidad diplomática y lo presentóó como un supuesto cambio favorable para la Argentina, aunque hasta el momento no existe un respaldo concreto de Estados Unidos al reclamo nacional sobre las islas.

El acercamiento discursivo a Malvinas aparece así apoyado en una disputa ajena entre Trump y el Gobierno británico. La amenaza estadounidense funciona principalmente como una herramienta de presión para conseguir mayor colaboración de Londres en el conflicto con Irán y en el estrecho de Ormuz, no como una modificación consolidada de su política sobre el Atlántico Sur. Sin garantías reales, Milei convirtió las declaraciones de su aliado en una señal de éxito para fortalecer su propio relato interno.

El repentino endurecimiento del discurso queda atravesado por las necesidades políticas del oficialismo. Con la imagen presidencial en descenso y las elecciones de 2027 en el horizonte, Malvinas le ofrece a Milei una causa capaz de generar adhesiones por encima de las diferencias partidarias. Sin embargo, los elogios a Thatcher, el intento de flexibilizar la Ley de Tierras, los beneficios concedidos a un consorcio integrado por Harbour Energy y la falta de un respaldo formal de Estados Unidos exponen la distancia entre la retórica soberanista y las decisiones concretas de su administración.