22 de julio de 2026
Una empresa israelí y otra británica prevén comenzar a extraer crudo en 2028, mientras la administración de Javier Milei no impulsa nuevas medidas para detener la explotación en aguas bajo disputa de soberanía.
El proyecto petrolero Sea Lion avanza en la Cuenca Malvinas Norte con el objetivo de iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. La explotación se encuentra a unos 200 kilómetros de las costas argentinas y es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum, asociada con la británica Rockhopper Exploration, sin autorización del Estado argentino.
La dimensión del emprendimiento incrementa la preocupación: las reservas identificadas permitirían extraer una cantidad de petróleo potencialmente equivalente a un tercio de la producción de Vaca Muerta. Navitas controla el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper conserva el 35% restante.
El avance empresarial se produce en un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina y en medio de cuestionamientos por la reacción limitada del Gobierno nacional. Si bien la Cancillería presentó una protesta formal ante el Reino Unido, especialistas sostienen que no se conocieron nuevas acciones diplomáticas, judiciales o económicas dirigidas a frenar el desarrollo petrolero.
La nota de protesta fue enviada después de que las autoridades británicas de las Islas Malvinas autorizaran el proyecto. El Gobierno argentino recordó entonces que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental nacional, sin autorización, contradice la legislación argentina y desconoce las resoluciones internacionales vinculadas con la disputa.
El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona advirtió que el Gobierno mantiene una posición condicionada por su alineamiento internacional. Según planteó, una intervención del Estado de Israel podría provocar la salida de Navitas del emprendimiento, aunque consideró improbable esa posibilidad por la cercanía política entre Javier Milei y el gobierno israelí.
Las críticas también apuntan a la relación de la administración libertaria con el Reino Unido. El director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, sostuvo que Milei evita confrontar tanto con Londres como con Israel y cuestionó la ausencia de una estrategia diplomática sostenida para defender los recursos naturales ubicados alrededor del archipiélago.
El caso tiene antecedentes judiciales. En 2015, la Justicia Federal argentina ordenó multas, embargos y el secuestro de bienes pertenecientes a empresas que realizaban actividades de exploración ilegal en la zona. Sin embargo, las medidas no lograron detener los proyectos y, según los especialistas consultados, no tuvieron continuidad política durante las administraciones posteriores.
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