4 de septiembre de 2026
La avícola avanzó con desvinculaciones masivas en tres establecimientos bonaerenses mientras el gremio llevó los telegramas al Ministerio de Trabajo y busca frenar el ajuste.
La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo y fuerte capítulo con el despido de alrededor de 1.000 trabajadores en apenas dos días. Las desvinculaciones alcanzaron a empleados de tres establecimientos ubicados en la provincia de Buenos Aires, en medio de una delicada situación financiera y productiva que atraviesa una de las principales compañías avícolas del país.
De acuerdo con el relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), unos 500 despidos corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, poco menos de 450 a WADE 2 -la ex Cresta Roja- de El Jagüel, en Esteban Echeverría, y alrededor de 50 a la planta de Pinazo, en Pilar.
Desde el gremio señalaron que los telegramas continuaron llegando durante las últimas horas y fueron presentados ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. La cartera laboral tomó intervención en el conflicto ante la magnitud de las desvinculaciones y la preocupación por la continuidad de los puestos de trabajo.
Uno de los establecimientos más golpeados es el de El Jagüel, donde, según los datos sindicales, la empresa habría despedido a cerca del 90% de una dotación de unos 500 trabajadores. La situación provocó protestas y reclamos para preservar las instalaciones y evitar el vaciamiento de las plantas.
La compañía justificó las medidas en una "grave disminución de trabajo" vinculada a una serie de dificultades económicas y comerciales. Entre los argumentos aparecen el cierre de mercados de exportación, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.
La crisis no comenzó esta semana. Granja Tres Arroyos viene atravesando desde hace meses problemas para sostener su estructura productiva y enfrenta una deuda que, de acuerdo con información difundida en el sector, rondaría los 360 millones de dólares. A ello se sumaron dificultades ocasionadas por restricciones a las exportaciones y el deterioro de las ventas internas.
El conflicto genera especial preocupación por el peso de la empresa dentro de la industria avícola y por la cantidad de familias que dependen directa e indirectamente de sus establecimientos. La reducción de personal ya alcanzó distintas plantas y amenaza con profundizar el impacto laboral si la compañía continúa con su proceso de reestructuración.
Este viernes está prevista una audiencia entre representantes de la empresa y autoridades laborales bonaerenses, mientras los sindicatos reclaman preservar la continuidad productiva y los puestos de trabajo. El encuentro aparece como una instancia clave para determinar el futuro inmediato de las plantas afectadas y de cientos de trabajadores que todavía permanecen en la empresa.
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