17 de septiembre de 2026
La propia fuerza presentó la denuncia luego de detectar cientos de acreditaciones presuntamente indebidas entre 2022 y 2026; la Justicia deberá determinar responsabilidades.
La Justicia investiga presuntas irregularidades en el pago de haberes de la Armada Argentina por más de $980 millones, luego de una denuncia presentada por las propias autoridades de la fuerza tras detectar movimientos que no coincidían con las liquidaciones correspondientes.
La presentación señala que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habrían realizado 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, mediante modificaciones de registros vinculados al sistema de liquidación de salarios.
De acuerdo con la investigación administrativa, algunos importes habrían sido incrementados antes de realizar las transferencias bancarias y posteriormente los registros habrían vuelto a sus valores originales, evitando que las diferencias quedaran reflejadas en los recibos habituales.
Entre quienes recibieron las acreditaciones aparecen personal militar en actividad y retiro, trabajadores civiles, jubilados y cuatro personas que no tendrían vínculo laboral ni funcional con la Armada, según la denuncia presentada ante la Justicia.
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Entre las personas que recibieron pagos figura además su esposa, según la documentación incorporada al expediente.
La maniobra fue detectada a partir de controles internos y derivó en una actuación administrativa. Posteriormente, la Armada decidió presentar la denuncia ante el Juzgado Federal N°2, que deberá determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
El Ministerio de Defensa informó que inició procedimientos internos luego de constatar inconsistencias y sostuvo que garantizará el debido proceso durante la investigación. La cartera encabezada por Carlos Presti también indicó que adoptará las medidas disciplinarias que correspondan si se comprueban responsabilidades.
La cifra denunciada se ubica entre $938 millones y más de $980 millones según los distintos cálculos difundidos, por lo que la magnitud definitiva del perjuicio económico deberá surgir de las pericias y de la investigación judicial.
La causa se encuentra todavía en etapa de investigación y no existen condenas por los hechos denunciados. La Justicia deberá ahora reconstruir los movimientos, determinar quiénes participaron de las modificaciones y establecer si los pagos irregulares configuraron delitos contra la administración pública.
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