11 de noviembre de 2025
El Régimen que entró en vigor a comienzos de octubre de 2025 decía promover la formalización, pero incluía beneficios a los empleadores como la extinción de acciones penales, la condonación de infracciones y el perdón de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones que redundaron en el crecimiento de la informalidad.
El Gobierno nacional puso en marcha en octubre 2024 el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, una iniciativa que, según el discurso oficial, busca incentivar la formalización del trabajo. Sin embargo, el plan hace en la práctica todo lo contrario: ofrece una serie de beneficios a los empleadores -como la extinción de acciones penales, la condonación de infracciones y el perdón de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones- que, en los hechos, funcionan como un perdón generalizado a quienes incumplieron con la ley laboral. El resultado "inesperado" fue un crecimiento de la informalidad.
Desde su asunción, Javier Milei impulsó un conjunto de medidas bajo el argumento de "modernizar" las relaciones laborales y "mejorar los ingresos". Entre ellas, se cuentan un DNU judicializado, un blanqueo laboral y reformas aprobadas por el Congreso. No obstante, los resultados distan de los prometidos a la sociedad: la informalidad laboral siguió creciendo y alcanzó su nivel más alto de los últimos dos años.
De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre de 2024 y julio de 2025 los asalariados privados registrados cayeron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC confirma la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales descendió del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.
Pese a las promesas de dinamizar la economía, la Secretaría de Trabajo informó que solo 1950 empleadores regularizaron 16.703 puestos desde diciembre, lo que representa apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal frente al tamaño del problema estructural.
La informalidad laboral es una deuda histórica. En los últimos 40 años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante las reformas laborales de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, que también perjudicaron a los trabajadores con pérdida de derechos para supuestamente hacer crecer la formalidad. Tras el repunte de la poscrisis de 2001, se redujo al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero volvió a crecer con el macrismo, según estimaciones de Fundar.
Ahora, el Ejecutivo prepara una nueva reforma laboral que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores, podría profundizar la precarización. El borrador que circula propone extender la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de extras, fraccionar las vacaciones, pagar indemnizaciones en cuotas y permitir acuerdos por empresa con salarios atados a la productividad, todo a cambio de un beneficio marginal para quienes tributan el impuesto a las Ganancias.
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