El Gobierno nacional quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que un informe interno del Ministerio de Salud admitiera sobreprecios de hasta 4239% en compras vinculadas al área de Discapacidad, durante operaciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en 2025. El documento oficial ya está siendo analizado por la Justicia y expone una trama de presuntas irregularidades, empresas vinculadas entre sí y fuertes sospechas sobre maniobras con fondos públicos.
Según publicó La Nación, el informe fue elaborado por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones y detectó "desvíos críticos y sobreprecios" en la adquisición de sillas de ruedas, prótesis, andadores y distintos insumos médicos. En algunos casos, las diferencias entre lo pagado por el Estado y los valores de mercado fueron escandalosas.
Uno de los ejemplos más impactantes señalados en el expediente indica que una compra vinculada a un andador registró una diferencia del 4239% respecto al valor de referencia. Otro caso mencionado por el propio informe revela que una válvula bicava transcatéter utilizada para corregir una anomalía cardíaca fue adquirida por el Estado por 425 millones de pesos, cuando el precio de referencia rondaba los 8 millones. Meses después, esa misma prótesis apareció facturada por 124 millones, aunque ANDIS la había pagado inicialmente a un valor muchísimo mayor.
El documento también sostiene que existían "redes de conexiones societarias y familiares entre proveedores", algo que para las autoridades "distorsionaba los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto". La auditoría analizó contrataciones realizadas durante 2025 y detectó movimientos sospechosos entre empresas proveedoras del Estado.
Entre las firmas mencionadas aparecen Bymax Medical, Farma Salud, Expo Trauma y Cirugía y Ortopedia Innova. Según la investigación, algunas de ellas habrían operado coordinadamente en distintas licitaciones. El informe incluso señala que varias empresas "no realizaban ofertas reales" y que existía una especie de circuito cerrado entre proveedores beneficiados.
La Justicia también puso bajo la lupa a ex funcionarios y empresarios ligados a la ex conducción de ANDIS. Entre los nombres mencionados aparecen Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian. Parte de la investigación apunta a determinar si existió una estructura destinada a direccionar contrataciones y beneficiar a determinados proveedores mediante mecanismos irregulares.
Pero detrás de la explosiva revelación también se mueve otra batalla política dentro del propio oficialismo. En Casa Rosada ya hablan de una nueva escalada de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Mario Lugones, ministro de Salud y hombre cercano al asesor presidencial, habría sido quien impulsó la auditoría y permitió que la información llegara a los tribunales. En sectores libertarios interpretan que la difusión de estos datos no solo busca despegar al Ministerio de Salud del escándalo, sino también golpear a funcionarios y estructuras vinculadas al armado político que responde a Karina Milei.
La tensión dentro del Gobierno crece porque el caso vuelve a instalar sospechas sobre el manejo de fondos públicos mientras la administración de Javier Milei profundiza el ajuste sobre jubilados, trabajadores estatales y programas sociales. La situación impacta especialmente en el área de discapacidad, uno de los sectores más sensibles y golpeados por los recortes presupuestarios.
El informe oficial reconoce además que los precios detectados resultan "técnicamente indefendibles" y que las irregularidades observadas ameritan una investigación judicial profunda. De hecho, parte de la documentación ya fue incorporada a expedientes federales que analizan posibles delitos vinculados a fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y direccionamiento de contrataciones.
El escándalo sacude nuevamente al Gobierno libertario en un contexto de fuerte desgaste político y económico. Mientras Milei sostiene el discurso de la "motosierra" y el combate contra la casta, ahora es el propio Estado el que admite internamente operaciones con cifras millonarias bajo sospecha y sobreprecios que llegan hasta el 4239% en compras destinadas a personas con discapacidad.
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