Sindicatos. Sin debate y por decreto: Jorge Macri avanzó sobre las licencias y la carrera de los docentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó mediante un decreto con una profunda modificación de la reglamentación del Estatuto Docente, una decisión que alcanzará a cerca de 56.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. La medida fue anunciada por la administración de Jorge Macri como una actualización orientada a fortalecer la estabilidad de los planteles y mejorar el desempeño, pero fue resuelta sin debate legislativo ni acuerdo con las organizaciones sindicales.

Uno de los puntos más sensibles es la incorporación de un criterio de presentismo dentro de la evaluación anual. Los docentes que no alcancen el 90% de asistencia no podrán obtener las calificaciones más altas, denominadas "Muy Bueno" y "Sobresaliente". Como esa evaluación incide en el puntaje y en las posibilidades de acceder a concursos, traslados y ascensos, las ausencias podrían terminar afectando directamente el desarrollo de la carrera profesional.

La reforma también modifica el régimen de licencias por razones particulares, que dejarán de computarse por cada cargo y pasarán a calcularse por persona, con un máximo de seis solicitudes anuales. El cambio perjudica especialmente a quienes trabajan en más de una escuela para completar sus ingresos, una realidad extendida dentro del sistema educativo porteño. Un derecho vinculado a cada puesto laboral quedará reducido a una única cantidad de licencias por trabajador.

También se establecen límites para las licencias destinadas a rendir exámenes y nuevas obligaciones vinculadas con la capacitación profesional. Mientras el Ejecutivo afirma que busca jerarquizar la formación continua, las nuevas condiciones pueden restringir el tiempo disponible para cursar carreras universitarias, terciarias o posgrados. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación concentrará mayores facultades para definir qué capacitaciones serán obligatorias y cómo impactarán en el desempeño docente.

Otro de los cambios centrales afecta la movilidad entre establecimientos. Los docentes titulares deberán acreditar dos años de antigüedad en una escuela antes de solicitar determinados traslados o permutas. El argumento oficial es reducir la rotación y consolidar los equipos de trabajo, aunque la medida puede obligar a permanecer en cargos alejados del domicilio, incompatibles con otras tareas o atravesados por dificultades institucionales.

La nueva reglamentación también modifica los criterios para acceder a cargos jerárquicos y aumenta la valoración de licenciaturas, maestrías, doctorados y otras formaciones de posgrado. La capacitación constituye una herramienta fundamental para el sistema educativo, pero la reducción del peso relativo de la antigüedad puede perjudicar a quienes acumularon años de experiencia dentro de las aulas y no cuentan con los recursos económicos o el tiempo necesario para continuar estudios superiores.

Desde los gremios docentes cuestionaron que una reforma de esta magnitud haya sido definida unilateralmente y advirtieron sobre un posible avance de mecanismos de control, disciplinamiento y premios y castigos. La preocupación no está solamente puesta en cada modificación aislada, sino en la articulación entre asistencia, licencias, evaluación y puntaje, que puede transformar derechos laborales reconocidos en obstáculos para progresar dentro de la carrera.

Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse de manera gradual desde 2027 y alcanzarán distintos aspectos del ingreso, la permanencia, la capacitación y los ascensos. Mientras el Gobierno porteño sostiene que busca modernizar el sistema educativo, las organizaciones sindicales anticipan que continuarán reclamando ámbitos de discusión colectiva para evitar que la reglamentación del Estatuto se convierta en una reforma laboral docente impuesta por decreto y sin participación de sus trabajadores.