Obras Sociales. Salarios deteriorados y salud más cara: la CGT reclama respuestas por las obras sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a advertir sobre las dificultades financieras de las obras sociales sindicales. El reclamo pone el foco en la distancia entre los ingresos del sistema y el costo de sostener la atención de los trabajadores y sus familias.

Entre los antecedentes del planteo figura un informe con estimaciones correspondientes a marzo de 2026: allí se calculó que los recursos asociados a más de 11 millones de beneficiarios, el 78,5% del padrón, no alcanzaban para financiar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).

El dato describe una insuficiencia de financiamiento, no la pérdida automática de cobertura de esas personas. Según la central, el deterioro salarial reduce la capacidad de un sistema sostenido principalmente por aportes de trabajadores y contribuciones patronales, mientras aumentan los costos médicos.

Para mantener las prestaciones, numerosos sindicatos destinan recursos propios al auxilio de sus obras sociales. La CGT advierte que este esfuerzo también compromete fondos destinados a otras actividades y servicios para los afiliados.

Las dificultades repercuten sobre los pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores. Entre las consecuencias señaladas aparecen demoras para acceder a prácticas y problemas para sostener determinadas prestaciones, con impacto directo sobre la atención.

En este escenario, representantes sindicales mantuvieron tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Según la información difundida, el último encuentro fue a fines de septiembre y los gremios sostienen que no obtuvieron respuestas concretas.

La discusión también incluye la distribución del Fondo Solidario de Redistribución y el financiamiento de prestaciones vinculadas con la discapacidad. Desde el sector plantean que servicios como transporte y educación deberían contar con partidas estatales específicas.

El reclamo sindical apunta a revisar el financiamiento para sostener la continuidad asistencial. Hasta la información relevada, las reuniones no habían derivado en un acuerdo sobre las medidas solicitadas, mientras las organizaciones advierten que la presión económica sigue afectando a las entidades y sus prestadores.