Política. El Gobierno vuelve a avanzar contra las personas con discapacidad: prepara la baja de 20.000 pensiones

El gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC) y evalúa disponer la baja de aproximadamente 20.000 beneficios en los próximos días. La medida se conoce después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a una nueva Ley de Discapacidad y en medio de los reclamos de organizaciones y familias por la falta de financiamiento de las prestaciones destinadas al sector.

Según información publicada por Clarín, funcionarios nacionales anticiparon que las primeras bajas surgirán de una auditoría destinada a verificar las condiciones de acceso a las pensiones. El Ejecutivo sostiene que detectó prestaciones otorgadas de manera irregular y que su objetivo es garantizar que los recursos estatales lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, hasta el momento no se difundió públicamente el detalle individual de los casos que integrarían el recorte.

La revisión alcanza a un universo de más de 1,1 millones de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, destinadas a personas que reúnen determinadas condiciones de incapacidad para trabajar y vulnerabilidad económica. Desde el oficialismo aseguran que las primeras suspensiones podrían anunciarse durante esta semana, mientras continúan las verificaciones sobre el resto de los titulares.

El anuncio se produce en un momento especialmente sensible para las personas con discapacidad. El pasado 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley de Discapacidad después de que el Gobierno aceptara modificar su propuesta original, que contemplaba la eliminación de determinados beneficios y subsidios. La iniciativa todavía necesita ser tratada por el Senado para completar su recorrido legislativo.

Entre los puntos que generaron mayor controversia se encontraba precisamente el futuro de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Las modificaciones incorporadas durante la negociación parlamentaria permitieron mantener ese instrumento dentro del esquema de protección social. No obstante, el Gobierno decidió continuar con las auditorías administrativas que podrían derivar en nuevas bajas.

Desde la Casa Rosada argumentan que las irregularidades detectadas en el otorgamiento de prestaciones justifican una revisión del sistema. Los funcionarios aseguran que las medidas no deberían perjudicar a quienes acrediten cumplir los requisitos legales. La situación, sin embargo, plantea la necesidad de que cada decisión administrativa esté respaldada por documentación, procedimientos de notificación y posibilidades efectivas de revisión.

La discusión también se desarrolla en medio de una crisis de financiamiento de las políticas de discapacidad. Las organizaciones del sector vienen reclamando mayores recursos para garantizar prestaciones, tratamientos, traslados y servicios de asistencia, mientras las dificultades presupuestarias afectan tanto a los beneficiarios como a las instituciones encargadas de brindar atención.

En paralelo, el Gobierno mantiene abiertas distintas investigaciones sobre el funcionamiento de entidades que recibieron fondos públicos. Según las autoridades, algunas auditorías detectaron establecimientos que no prestaban los servicios declarados. Esos casos forman parte de investigaciones específicas y no implican, por sí mismos, que las pensiones individuales bajo revisión hayan sido obtenidas de manera fraudulenta.

Por el momento, las 20.000 bajas constituyen una medida anticipada por fuentes oficiales y no un recorte cuya ejecución haya sido confirmada públicamente en su totalidad. La Casa Rosada deberá precisar los resultados de las auditorías, los criterios utilizados y los mecanismos para revisar eventuales suspensiones, mientras el Senado tiene pendiente el debate sobre la nueva legislación destinada a las personas con discapacidad.