Política. Escándalo en la Ciudad: secuestraron el carro de un trabajador y terminó publicado en Marketplace

Una denuncia contra el gobierno de Jorge Macri abrió interrogantes sobre el destino de los bienes secuestrados durante los operativos de control del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Un vendedor ambulante de churros descubrió que el carro de trabajo que le habían confiscado agentes porteños apareció publicado a la venta por 500.000 pesos en Facebook Marketplace, pese a que había realizado numerosos trámites para recuperar sus pertenencias.

El protagonista es Cristian, un trabajador que había tenido que cerrar su comercio como consecuencia de las dificultades económicas. Ante la necesidad de continuar generando ingresos, decidió comprar una bicicleta y adaptarla para instalar los elementos necesarios para cocinar y vender churros en la vía pública. De esa manera, buscaba sostener su actividad laboral y obtener recursos para afrontar sus gastos cotidianos.

Sin embargo, el 21 de febrero de 2026, durante un operativo de control realizado en Plaza Francia, en el barrio porteño de Recoleta, agentes del Gobierno de la Ciudad le secuestraron el vehículo y sus herramientas de trabajo. El procedimiento se desarrolló como parte de las acciones que la administración porteña viene implementando sobre la venta ambulante y la ocupación del espacio público.

Según explicó la legisladora de Fuerza por Buenos Aires Delfina Velázquez, el trabajador había solicitado autorización para desarrollar su actividad, pero no había recibido una respuesta favorable. La diputada señaló que los permisos para la venta ambulante dejaron de otorgarse en 2020 y que Cristian decidió continuar trabajando ante la necesidad de obtener ingresos. Después del procedimiento, intentó realizar los trámites necesarios para pagar la multa y recuperar sus pertenencias, pero aseguró que nunca obtuvo una respuesta.

La situación adquirió mayor gravedad cuando el 16 de octubre, ocho meses después del secuestro, el propio vendedor encontró su carro publicado a la venta por 500.000 pesos en Facebook Marketplace. Las características particulares del vehículo, una bicicleta modificada artesanalmente para incorporar los elementos necesarios para preparar y comercializar churros, permitieron que el trabajador lo identificara como suyo.

Ante la denuncia, Velázquez presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña para determinar cómo un elemento incautado por agentes del Estado pudo terminar ofrecido en una plataforma privada de compraventa. La iniciativa también fue acompañada por otros legisladores opositores, quienes reclamaron esclarecer las circunstancias del procedimiento y las eventuales responsabilidades administrativas.

El proyecto solicita que el Ejecutivo precise qué organismo intervino en el operativo, cuáles fueron los fundamentos legales del secuestro, qué autoridad quedó a cargo de la custodia del vehículo y qué mecanismos existen para garantizar la trazabilidad de los bienes confiscados. Además, exige información sobre posibles investigaciones internas y sobre otros casos en los que herramientas de trabajo incautadas hayan tenido un destino irregular.

La controversia también llegó a las autoridades de Seguridad de la Ciudad. Durante una reunión legislativa, Velázquez consultó al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, por las circunstancias en las que se había realizado el procedimiento. Según la información difundida, el funcionario sostuvo que el operativo había sido iniciado por el área de Espacio Público, aunque señaló la intervención de la Secretaría de Transparencia para analizar eventuales responsabilidades del personal policial. Hasta la publicación de la denuncia no se habían comunicado explicaciones oficiales concluyentes sobre cómo llegó el vehículo a Marketplace.

El caso permanece pendiente de esclarecimiento y todavía no se determinó quién publicó el carro a la venta ni cómo salió del circuito de custodia estatal. La presentación legislativa busca reconstruir el recorrido de las pertenencias confiscadas, identificar posibles irregularidades y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el trabajador continúa sin recuperar la herramienta que utilizaba para obtener sus ingresos, en un conflicto que vuelve a poner bajo discusión los procedimientos de control del espacio público implementados por el Gobierno porteño.