6 de septiembre de 2025
Tras una denuncia y el acceso a información pública, el Ejecutivo admitió que nunca existió la auditoría que aseguraba que el 50 % de los comedores comunitarios no funcionaba.
Una investigación reveló que el Gobierno utilizó una auditoría inexistente para justificar el freno en la entrega de alimentos. Según publicó el medio Big Bang News, lo que se presentó como un informe formal fue apenas un conjunto de "verificaciones territoriales", sin relevamientos físicos ni controles metodológicos.
El Ministerio de Capital Humano reconoció en un documento oficial que la supuesta auditoría "resulta ser inexistente". En su lugar, sólo se realizaron revisiones documentales sobre formularios y registros del RENACOM, sin inspecciones en terreno.
La diputada nacional Natalia Zaracho había exigido acceso al documento tras las declaraciones del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien en el Congreso aseguró que "el 50 % de los comedores no existían". La Justicia dio la razón a Zaracho, obligando al Gobierno a entregar la información.
De acuerdo a los datos oficiales del RENACOM, se relevaron 2.193 espacios de más de 35.000 inscriptos. De ese muestreo, 1.161 estaban plenamente funcionales, mientras que el resto presentaba direcciones erróneas o ya no funcionaba. Muy lejos del 50 % que había sido anunciado como cifra oficial.
El escándalo expone un uso manipulado de datos sensibles para justificar el recorte de alimentos en sectores vulnerables, en medio de una crisis social y económica que golpea de lleno a los barrios populares.
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