REFORMA LABORAL . Borrador de la Reforma Laboral: el Gobierno avanza con la iniciativa más regresiva desde la dictadura

El Gobierno presentó un borrador de reforma laboral que modifica de manera radical el sistema de relaciones de trabajo vigente en la Argentina, con una profundidad que no se veía desde el ciclo dictatorial de 1976. Bajo el nombre de "Ley de Modernización Laboral", el texto combina cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la creación de figuras por fuera del derecho laboral, una reducción del poder sindical y un recorte significativo de derechos adquiridos.

Uno de los ejes más contundentes del proyecto es la deslaboralización de amplios sectores. El borrador redefine el artículo 2 de la LCT para excluir de su ámbito a trabajadores independientes, colaboradores, contratados bajo figuras civiles y comerciales y repartidores de plataformas digitales. En todos esos casos, la relación ya no estaría regulada por el derecho laboral, sino por el Código Civil y Comercial, lo que implica menos garantías, menor estabilidad y la apertura formal a modelos de monotributo encubierto.

La reforma también apunta a debilitar la presunción de laboralidad, uno de los pilares de la justicia laboral argentina. Si el trabajador factura o emite recibos como prestador independiente, la protección histórica que asume la existencia de un vínculo laboral desaparece o se reduce a su mínima expresión. Para especialistas y sindicatos, este cambio "legaliza" prácticas extendidas en el mercado informal y abre la puerta a una precarización sin precedentes.

En materia de responsabilidad empresarial, el borrador introduce modificaciones profundas en los artículos 30 y 31 de la LCT. Allí se limitan las condiciones bajo las cuales la empresa principal responde solidariamente por los trabajadores tercerizados y se acota severamente la responsabilidad de los grupos económicos. Con solo presentar documentación básica de la contratista, incluso si luego se prueba que era falsa, la empresa principal queda liberada de responsabilidad. La reforma también exige demostrar fraude o "conducción temeraria" para responsabilizar al grupo económico, elevando el estándar probatorio al punto de volverlo prácticamente inaccesible.

El impacto en el sistema indemnizatorio tampoco es menor. La reforma mantiene el cálculo de un mes por año trabajado, pero recorta la base salarial al excluir conceptos no mensuales y variables como el aguinaldo o las gratificaciones extraordinarias. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización a cargo del empleador que funciona como un auto-seguro patronal para cubrir despidos. Para abogados laboralistas y economistas del trabajo, esto implica una reducción directa del costo de desvinculación y un incentivo a la rotación permanente.

El borrador también reconfigura la justicia laboral. Los créditos laborales pasarían a actualizarse por IPC + 3% anual, muy por debajo de la inflación real del país. Esto representa una caída contundente del valor de las indemnizaciones judiciales. A la par, el proyecto limita la cuota litis al 20% y prohíbe iniciar acciones civiles paralelas, eliminando la llamada "doble vía". En conjunto, estos cambios reducen el incentivo para litigar, favorecen previsibilidad para las empresas y encarecen el acceso a la justicia para los trabajadores.

Uno de los puntos de mayor peso político es el capítulo dedicado a restringir el derecho de huelga. El proyecto amplía de manera drástica el listado de "servicios esenciales" y crea una nueva categoría: las "actividades de importancia trascendental". En ambos casos, se exigen mínimos de actividad del 50% al 75% incluso durante medidas de fuerza. Transporte, energía, telecomunicaciones, bancos, logística, puertos, aeropuertos, comercio electrónico, industria alimenticia, medios de comunicación y educación, entre otras actividades, quedarían prácticamente impedidas de realizar paros efectivos.

El borrador también avanza sobre la estructura de poder sindical. Se eliminan las "bolsas de trabajo", un mecanismo histórico de sectores como la construcción, los puertos y la energía, donde los gremios organizan el ingreso y la rotación laboral. Desde ahora, el empleador podrá contratar libremente "sin restricciones basadas en usos y costumbres". Para la dirigencia gremial, esto representa un golpe directo al corazón de la organización del empleo en sectores clave.

Otro punto sensible es la derogación de estatutos y leyes protectorias, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional y la ley de Teletrabajo. Con esta medida, miles de trabajadores pierden regulaciones específicas que reconocían la particularidad de sus tareas. En paralelo, se impulsa la figura del teletrabajo sin regulación, allanando el camino para una flexibilización total de las condiciones laborales remotas.

Para los trabajadores de plataformas, el borrador crea un régimen especial que los declara "independientes", incluso cuando la empresa provea seguros, capacitaciones o herramientas. El texto aclara que tales beneficios "no constituyen indicio de relación laboral", lo que consolida un modelo sin estabilidad, sin negociación colectiva, sin sindicalización efectiva y sin protección ante despidos o suspensiones.

En términos generales, el "borrador de reforma laboral" funciona como una reconfiguración integral del mercado de trabajo argentino: reduce derechos, debilita la protección judicial, limita el poder sindical, baja el costo de despido y legitima nuevas modalidades de contratación alejadas del derecho laboral tradicional.

Para especialistas, sindicatos y abogados laboralistas, no hay dudas: se trata de la reforma más profunda y regresiva desde la última dictadura. Para el Gobierno, en cambio, es un paso clave hacia la flexibilización estructural del mercado laboral. Lo cierto es que el impacto será masivo y duradero: afectará a millones de trabajadores, redefinirá el papel de los gremios y reescribirá la arquitectura laboral argentina durante las próximas décadas.