REFORMA LABORAL . Ojeda frenó al Gobierno: la reforma laboral seguirá en la Justicia del Trabajo y cuestionó al Procurador

El juez nacional del Trabajo N.º 63, Raúl Horacio Ojeda, rechazó la inhibitoria presentada desde el fuero contencioso administrativo y ratificó que la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral debe seguir tramitando en la Justicia del Trabajo. La decisión, firmada el 17 de abril, representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Gobierno.

La resolución se da en el marco de la acción declarativa impulsada por la CGT, que busca que se declare la inconstitucionalidad de numerosos artículos de la Ley 27.802, por considerar que vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. En ese contexto, el Ejecutivo había intentado trasladar el expediente a otro fuero, maniobra que fue rechazada de plano por el magistrado.

Ojeda sostuvo que el caso debe ser analizado por la Justicia del Trabajo porque la materia en discusión es esencialmente laboral, tanto en su dimensión individual como colectiva. En su argumentación, remarcó que están en juego aspectos centrales como convenios colectivos, derecho de huelga, condiciones de contratación y organización sindical.

En esa línea, el juez dejó en claro que la sola presencia del Estado Nacional no define la competencia, y que para que intervenga el fuero contencioso administrativo debe predominar el derecho administrativo, algo que -según el fallo- no ocurre en este caso. Por el contrario, señaló que el eje del conflicto está en el derecho del trabajo y en la constitucionalidad de normas que lo regulan.

Otro punto clave es que la causa ya se encuentra inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, lo que implica que no pueden tramitarse procesos similares en otros fueros. Además, el expediente ya cuenta con múltiples actuaciones y causas conexas, lo que refuerza la continuidad del trámite en el ámbito laboral.

El magistrado también advirtió que desplazar la causa a otro fuero podría afectar garantías fundamentales como el derecho al juez natural y la tutela judicial efectiva, e incluso derivar en una eventual responsabilidad internacional del Estado argentino por apartarse de estándares en materia laboral.

En paralelo a esta resolución, se conoció otra actuación dentro del mismo expediente en la que Ojeda cuestionó la intervención del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, al considerar que no contaría con matrícula habilitante para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, lo que pondría en duda su rol como patrocinante letrado del Estado.

La causa continuará su trámite en la Justicia del Trabajo y será revisada por la Cámara, en un escenario judicial que se complejiza y que mantiene en el centro del debate la validez de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.