17 de julio de 2026
Diputados de extracción sindical presentaron "DesendeudAR", una iniciativa que propone unificar obligaciones y limitar el pago mensual al 33% de los ingresos.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para crear "DesendeudAR - Segunda Oportunidad Familiar", un programa destinado a las personas que tienen gran parte de sus ingresos comprometidos en préstamos, tarjetas, servicios, expensas y otras obligaciones. La iniciativa busca ofrecer una salida ordenada a los hogares que quedaron atrapados en una cadena de deudas.
La propuesta lleva las firmas de Vanesa Siley, Mario Manrique, Sergio Palazzo y Lucía Cámpora. El proyecto establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, sea el organismo encargado de implementar una plataforma digital que conecte a los deudores con los acreedores y genere propuestas de refinanciación.
Podrían incorporarse al programa las personas cuyas obligaciones financieras superen el 33% de sus ingresos, siempre que sus ingresos totales no excedan el equivalente a 20 salarios mínimos, vitales y móviles. La iniciativa contempla dos segmentos, definidos según el nivel de ingresos y los tipos de deuda que cada persona podrá renegociar.
Las personas con ingresos inferiores a diez salarios mínimos podrían incluir deudas con bancos, financieras, fintech, comercios, supermercados, plataformas digitales, empresas de servicios públicos, prestadoras de telecomunicaciones y consorcios. Para quienes perciban entre diez y veinte salarios mínimos, el régimen estaría limitado a obligaciones con prestadores de crédito.
El proyecto alcanzaría las deudas contraídas desde el 1° de enero de 2023 hasta la entrada en vigencia de la eventual ley. El período para inscribirse en el programa permanecería abierto durante dos años, mientras que el procedimiento sería gratuito para las personas que soliciten la renegociación.
Para acceder, el deudor tendría que presentar una declaración jurada con información sobre sus ingresos, situación laboral, patrimonio, cargas familiares, gastos esenciales y totalidad de las obligaciones pendientes. ANSES podría verificar esos datos mediante cruces de información con ARCA, el Banco Central y otros organismos públicos.
A partir de esa evaluación, la plataforma determinaría la capacidad mensual de pago y elaboraría una propuesta para cada deuda. El acuerdo podría contemplar quitas sobre intereses compensatorios, punitorios, cargos y otros accesorios, además de una reducción parcial del capital cuando corresponda.
El saldo resultante podría abonarse en cuotas mensuales durante un plazo máximo de cinco años. La suma destinada al cumplimiento del plan no podría superar el 33% de los ingresos del deudor, con el objetivo de evitar que el pago comprometa las necesidades esenciales de la persona y su grupo familiar.
En los casos en que existan acuerdos con varios acreedores, las obligaciones quedarían reunidas en un único plan de pago. El deudor realizaría una sola transferencia mensual a una cuenta especial administrada por ANSES, que luego distribuiría el dinero entre las empresas o entidades adheridas.
La plataforma también permitiría consultar el historial de pagos, los saldos pendientes y el estado de cada obligación. Además, la persona podría cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda sin pagar costos adicionales y, una vez finalizado el acuerdo, el acreedor tendría que emitir el correspondiente certificado de libre deuda.
La participación de los acreedores sería voluntaria, pero quienes decidan adherirse quedarían obligados a someter las deudas validadas a los mecanismos establecidos por el programa. Solo podrían apartarse de las condiciones estándar si presentan una propuesta más favorable para el deudor.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el endeudamiento de los hogares dejó de estar relacionado únicamente con el consumo y pasó a funcionar como un complemento de ingresos para comprar alimentos, pagar servicios, adquirir medicamentos o llegar a fin de mes. También advierten que más de 20 millones de personas adultas tienen alguna deuda y que una proporción creciente enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones.
El proyecto deberá comenzar ahora su tratamiento en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado por el Congreso y reglamentado por el Poder Ejecutivo, ANSES tendría a su cargo la puesta en funcionamiento de la plataforma y la administración del nuevo sistema nacional de renegociación de deudas familiares.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
© 2026 | Identidad Sindical |
