Sindicatos. La UEJN respaldó a la jueza que frenó el régimen penal juvenil y advirtió por la falta de condiciones en Buenos Aires

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) salió a respaldar públicamente a la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, luego de que la magistrada resolviera suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El sindicato enmarcó su pronunciamiento en la defensa de la independencia judicial y cuestionó las descalificaciones dirigidas contra la magistrada.

A través de un comunicado difundido este 8 de septiembre, la organización sindical sostuvo que Pascual cuenta con una extensa trayectoria dentro del fuero penal juvenil y rechazó que su resolución pueda ser reducida a una definición partidaria. "Reducir su decisión a una etiqueta política es desconocer años de trabajo cotidiano", expresó la UEJN al reivindicar la idoneidad y la experiencia de la jueza.

Según explicó el gremio, el eje de la resolución judicial no estaría puesto en cuestionar la constitucionalidad de la nueva legislación, sino en las condiciones concretas para instrumentarla. La UEJN sostuvo que la provincia de Buenos Aires no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos materiales ni los equipos profesionales necesarios para afrontar el ingreso de nuevos adolescentes al sistema penal juvenil.

La controversia se produce a partir de la modificación que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes más jóvenes puedan quedar alcanzados por el nuevo régimen. Para el sindicato judicial, una transformación de esa magnitud no puede implementarse sin edificios adecuados, equipos interdisciplinarios y protocolos específicos que garanticen el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La medida judicial surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, según detalló la UEJN. La resolución fue dictada apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la normativa nacional, en medio de cuestionamientos sobre los recursos disponibles para poner en funcionamiento el nuevo esquema penal juvenil.

La UEJN también sostuvo que las críticas a la implementación del régimen no provienen exclusivamente del juzgado encabezado por Pascual, sino que forman parte de cuestionamientos formulados desde distintos sectores del Poder Judicial. Para la organización, ese escenario obliga a discutir cómo y bajo qué condiciones se pondrá en marcha la nueva legislación, en lugar de concentrar las críticas sobre quienes advierten sus posibles dificultades.

El comunicado rechazó además las declaraciones que acusaron a la magistrada de "poner en riesgo a los argentinos de bien" o calificaron su decisión como "antidemocrática". El sindicato planteó que exigir el cumplimiento de las leyes y de los tratados de derechos humanos forma parte de las garantías institucionales de la democracia y reclamó que cualquier política penal juvenil respete estándares básicos para las personas menores de edad.

Como cierre, la UEJN pidió que la implementación de cualquier reforma penal juvenil sea acompañada por planificación, recursos suficientes y plazos adecuados, al tiempo que reclamó respeto por la función de los magistrados encargados de controlar su aplicación. La suspensión por 60 días abre ahora un período clave para definir las condiciones en las que el nuevo régimen podrá implementarse en la provincia de Buenos Aires.