9 de septiembre de 2026
Un tribunal bonaerense ratificó una cautelar que impide reducir las obligaciones de la empresa mientras avanza la discusión judicial sobre el proceso impulsado por el Gobierno.
El proceso de privatización de AySA encontró un nuevo obstáculo judicial luego de que un tribunal bonaerense confirmara una medida cautelar que establece límites a cualquier modificación del servicio. La resolución impide que la empresa reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas al suministro de agua potable, la salud pública y la protección ambiental.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que dejó firme una medida dictada en primera instancia a partir de una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.
La demanda cuestionó que el proceso de privatización pudiera avanzar acompañado de una reducción de los estándares sanitarios, ambientales y de protección a los usuarios. La cautelar obliga a AySA a mantener las condiciones del servicio mientras continúa la discusión judicial de fondo.
El tribunal consideró especialmente el carácter esencial del acceso al agua potable y el posible impacto que cualquier alteración podría generar sobre millones de usuarios. Los jueces hicieron referencia a la protección de la salud, el ambiente y el principio preventivo frente a eventuales daños de difícil reparación.
La resolución, sin embargo, no anula formalmente la privatización de AySA. La Cámara determinó además que el análisis de fondo de la causa corresponde a la Justicia Federal, por tratarse de una compañía con participación mayoritaria del Estado nacional y de un proceso impulsado por el Gobierno central.
En términos prácticos, la cautelar condiciona uno de los puntos centrales del proceso: cualquier futuro operador deberá garantizar los estándares actuales del servicio y no podrá avanzar con reducciones en las obligaciones que hoy tiene AySA mientras la medida judicial permanezca vigente.
El fallo aparece en momentos en que el Gobierno nacional busca avanzar con la incorporación de capital privado y la transferencia de la participación estatal en la compañía. AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento a millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano, lo que convierte a la operación en una de las privatizaciones de mayor impacto social.
La decisión judicial suma un nuevo capítulo a la política de privatizaciones impulsada por la administración de Javier Milei, que incluye empresas y servicios estratégicos vinculados a energía, infraestructura, transporte y servicios públicos. En varios de esos procesos comenzaron a aparecer reclamos sindicales, políticos y judiciales por las condiciones de las transferencias.
Con la cautelar ratificada, el Gobierno podrá continuar impulsando el proceso sobre AySA, pero deberá hacerlo bajo restricciones concretas sobre la calidad y las obligaciones del servicio. La definición final quedará ahora en manos de la Justicia Federal, donde deberá resolverse el cuestionamiento de fondo sobre una de las principales privatizaciones previstas por el Ejecutivo.
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