TRABAJADORES. Costantini se queda con el predio del Portal Palermo y 1.500 trabajadores temen por su futuro

El destino del histórico complejo comercial Portal Palermo quedó sellado luego de que el empresario Eduardo Costantini, titular del grupo Consultatio S.A., se quedara con el predio donde funcionan el hipermercado Jumbo, la tienda Easy y una galería de locales comerciales sobre la avenida Bullrich. La operación, impulsada por el Gobierno de Javier Milei a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se concretó con una oferta de US$127 millones, un 56 % superior al precio base. Detrás de la cifra millonaria, sin embargo, hay preocupación y malestar: en el lugar se desempeñan alrededor de 850 empleados directos y hasta 1.500 trabajadores si se incluyen contratistas, proveedores y personal externo que hoy temen quedar fuera del sistema.

El terreno, de más de 4,4 hectáreas, era propiedad del Estado nacional y se encontraba bajo concesión del grupo Cencosud desde 1994, con un contrato que venció en 2019 y se prorrogó hasta diciembre de 2026. La cláusula de venta anticipada fue la herramienta legal que permitió al Gobierno concretar la subasta. Costantini ya sabe qué hacer con el terreno. Según informó el diario La Nación, el empresario planea invertir más de US$350 millones para desarrollar un megaemprendimiento de uso mixto, con torres residenciales, locales comerciales, oficinas y espacios públicos, que promete cambiar por completo la fisonomía de la zona.

El predio está actualmente ocupado por el centro comercial Portal Palermo, operado por Cencosud. Según lo establecido en los pliegos de la subasta, la empresa deberá entregar el terreno en un plazo máximo de diez meses a partir de la adjudicación. El proceso incluirá una transición operativa destinada a garantizar la continuidad del funcionamiento del complejo durante ese período. En otras palabras, Jumbo, Easy y los comercios del Portal Palermo seguirán abiertos hasta mediados de 2026, pero con la certeza de que luego habrá reubicaciones, traslados y despidos en toda la estructura laboral.

Los trabajadores aseguran que no hubo comunicación oficial ni plan claro de cómo se instrumentará el proceso. "Somos 850 empleados en total, pero llegamos a 1.500 con los externos. No sabemos qué va a pasar con nosotros", expresó uno de los delegados del complejo, reflejando el sentimiento de preocupación que atraviesa al personal. Desde los gremios alertan que el Estado, al priorizar la venta, no contempló medidas de protección laboral ni instancias de diálogo con los trabajadores, lo que deja a cientos de familias expuestas a la pérdida de ingresos.

Para el Gobierno, la subasta representa un paso en su política de reducción del patrimonio estatal y búsqueda de fondos a través de la privatización de activos públicos. Para los trabajadores y los sindicatos, en cambio, el caso es un ejemplo de cómo las decisiones económicas oficiales afectan directamente a quienes viven de su trabajo diario. Lo que para el mercado es una oportunidad de inversión, para muchos empleados es la antesala del desempleo.