POLÍTICA. Reforma laboral: gobernadores alertan por un recorte millonario en la coparticipación

Los gobernadores ya hicieron llegar al Gobierno nacional una advertencia clara: el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las provincias reciben por coparticipación federal.

El foco principal de la preocupación está puesto en las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. El proyecto oficial plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda, medidas que implicarían una merma significativa en los envíos automáticos a los distritos.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo anual de estos cambios alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a unos $1,9 billones. De ese total, $790.000 millones corresponderían a la Nación, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires absorberían una pérdida de $1,12 billones.

La reducción de la alícuota para las sociedades de los trámos más altos es un cambio regresivo, es decir, beneficia a quienes más tienen. El coste fiscal, en cambio, lo pagan todos. En este caso en particular las provincias.

El impacto no sería uniforme. Buenos Aires encabezaría el ranking de distritos más afectados, con una caída estimada de $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).

Aunque el Gobierno argumenta que la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión -un lógica repetida a la hora de justificar los beneficios para quienes más tienen-, en las provincias crece la resistencia al esquema de reparto de costos y beneficios, en un contexto de caída de la actividad económica y de los recursos fiscales.

En ese marco, también se reavivan las críticas al manejo discrecional de los fondos nacionales. Los envíos a las provincias exhiben un trato más favorable hacia los gobernadores considerados "dialoguistas" y mayor dureza con los distritos alineados con la oposición, una estrategia que el oficialismo ya utilizó para lograr la aprobación del Presupuesto 2026.

La estrategia del Gobierno ha sido la de ahogo financiero a las provincias, para luego buscar negociaciones política ante actores (en este caso los gobernadores) necesitados de recursos. Además, el ajuste al gasto público y la recesión económica han repercutido en la recaudación de las provincias y en la actividad, lo que de alguna forma es una trasnferencia del ajuste que hace nación a las provincias, colapasando en algunos casos a los servicios públicos, como educación y salud.

"Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta", advirtió el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria). Según señaló, la reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias beneficiará a un grupo muy reducido de empresas, en perjuicio de las finanzas provinciales.

El dictamen, en su artículo 190, propone bajar la alícuota del tramo 2 del 30% al 27% y la del tramo 3 del 35% al 31,5%. Este último segmento concentra el 76% de la recaudación del impuesto y alcanza a las empresas que declaran más de $1.000 millones anuales: apenas 1.856 sociedades, el 1% del total.

Capitanich estimó que el costo fiscal de este beneficio empresario rondaría los US$2.179 millones. A eso se suma un conjunto de otras modificaciones tributarias incluidas en el proyecto que, aunque de menor magnitud, también impactarán en los recursos coparticipables que reciben las provincias.