5 de enero de 2026
El Gobierno relanza las negociaciones políticas para destrabar el proyecto de la reforma laboral más regresiva desde la dictadura militar, con una agenda de viajes del ministro del Interior y un fuerte trabajo parlamentario en Diputados y el Senado.
El Gobierno nacional volvió a mover fichas para impulsar la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la agenda del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de viajes por el interior del país para recomponer vínculos con los gobernadores y sumar respaldos legislativos.
La primera parada será Chubut. El próximo miércoles, Santilli se reunirá con el gobernador Ignacio Torres, en el marco de un cronograma que prevé visitas a al menos diez provincias durante enero. La ofensiva política se da en la antesala de una eventual prórroga de las sesiones extraordinarias, previstas para comenzar el 2 de febrero.
El proyecto, denominado oficialmente "Modernización Laboral", es considerado prioritario por el Ejecutivo, que busca acelerar su tratamiento durante el receso legislativo. En la Casa Rosada confían en replicar el esquema de negociación que permitió la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
El encuentro con Torres se produce en un contexto de tensión. El mandatario chubutense mantiene una relación tirante con el Gobierno nacional y adelantó que recurrirá a la Corte Suprema por la deuda que la Nación mantiene con la provincia por la caja previsional, un reclamo que -según el Ejecutivo provincial- supera los 51.000 millones de pesos.
En el Congreso, Martín Menem aparece como la pieza clave del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados afinará las negociaciones a partir de mediados de enero, con la estrategia de que el Senado introduzca las modificaciones necesarias para que Diputados pueda aprobar el proyecto sin cambios y evitar un nuevo giro entre Cámaras.
En paralelo, Patricia Bullrich trabaja para cerrar acuerdos con la oposición dialoguista. Aunque en el oficialismo admiten que el escenario será más complejo que el del Presupuesto -que obtuvo 46 votos positivos en el Senado-, confían en reunir las voluntades necesarias para lograr la media sanción en febrero.
El Gobierno también observa con atención la fragmentación del peronismo, que podría aportar apoyos puntuales. El antecedente inmediato fue el respaldo de senadores alineados con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y la jujeña Carolina Moisés, enfrentada con La Cámpora.
Tras el recambio parlamentario de diciembre, el oficialismo mejoró su posición en ambas Cámaras, en gran medida por el acompañamiento de varios gobernadores, incluidos algunos del norte peronista. El contrapunto lo marcaron los legisladores cordobeses vinculados a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, cuya distancia encendió alertas en La Libertad Avanza.
La senadora Alejandra Vigo y los seis diputados cordobeses del bloque Provincias Unidas se abstuvieron en la votación del Presupuesto 2026 y rechazaron la Ley de Inocencia Fiscal. Más tarde, también se manifestaron en contra del decreto que reforma la Ley de Inteligencia y amplía las facultades de la SIDE, un dato que el kirchnerismo ya incorpora en su poroteo para intentar voltear el DNU.
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