VIALIDAD NACIONAL. Aleñá, tras la disolución de Vialidad Nacional: "El gobierno es responsable del genocidio en las rutas"

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), denunció que el gobierno de Javier Milei disolvió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que traspasa sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control. "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas", advirtió, y acusó al ministro Federico Sturzenegger de impulsar "rutas nacionales de la muerte".

La norma elimina el organismo encargado del diseño, construcción y mantenimiento de la red vial nacional, afectando 118 rutas y más de 40.000 kilómetros de caminos. Según Aleñá, la medida representa "una decisión profundamente ideológica" que busca achicar el Estado con fines de negocio: "Para lo único que sirven es para liquidar nuestro patrimonio desde la AABE".

La dirigenta sindical también hizo un llamado a los gobernadores y a las fuerzas políticas a rechazar el decreto, que según denunció "destruye otras áreas del transporte" y da más lugar a las fuerzas de seguridad, "en un claro mensaje represivo".

Críticas al relato oficial

Entre los argumentos del gobierno, el decreto plantea que Vialidad Nacional poseía una estructura "compleja y onerosa" y que su operación podía resumirse a tareas de desmalezamiento. Aleñá respondió: "Reducir nuestras tareas a cortar pasto es un insulto. Hacemos obras de bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal, tareas que nadie más puede hacer con alcance federal".

También desmintió que el sector privado garantice mayor eficiencia: "Las contrataciones privadas no aseguran ni eficiencia ni transparencia. El rol de control estatal es irremplazable". Y agregó que el argumento de tercerización "es perverso", ya que ignora el desfinanciamiento deliberado que sufrió Vialidad en los últimos meses.

Riesgos para la seguridad y la soberanía

Aleñá alertó que la eliminación de Vialidad implica una pérdida de soberanía vial, ya que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras públicas pasarán a manos de privados o funcionarios sin conocimiento territorial. "Se elimina el control, la certificación de calidad y la auditoría. Y eso, además de ineficiente, es peligroso", señaló.

La sindicalista concluyó que esta "no es una reorganización administrativa, es un vaciamiento de la capacidad del Estado para pensar e intervenir en el desarrollo de infraestructura", y advirtió que el impacto será devastador para las economías locales, el empleo público y la seguridad vial.