8 de febrero de 2026
La cifra refleja una crisis estructural en las fuerzas de seguridad, atravesada por precarización laboral, abusos internos y la falta de respuestas oficiales.
La crisis que atraviesan las fuerzas de seguridad quedó expuesta tras conocerse que al menos 19 policías se suicidaron, en un contexto marcado por bajos salarios, malos tratos, acoso y abandono institucional. Las denuncias fueron presentadas ante autoridades nacionales a fines de 2025 y comienzos de 2026, pero no recibieron respuesta por parte de los ministerios correspondientes, lo que profundizó el malestar interno.
Según las presentaciones realizadas por efectivos y familiares, los reclamos no se limitan a lo salarial. Se denuncian condiciones laborales extremas, presiones jerárquicas, persecuciones internas y prácticas irregulares dentro de algunas dependencias. Entre los hechos señalados aparecen fiestas dentro de comisarías, consumo de alcohol, apuestas con detenidos y connivencia de superiores, situaciones que conviven con sanciones y castigos para quienes intentan denunciar.
Uno de los datos más alarmantes se registró en Rosario, donde se contabilizaron 19 suicidios de uniformados, cifra que incluye el caso de Oscar "Chimi" Valdéz, quien se quitó la vida frente a la Guardia de Infantería. A este escenario se sumaron protestas policiales en Rosario, Santa Fe y otras provincias, con movilizaciones, quema de neumáticos y reclamos encabezados por familiares ante la imposibilidad de los efectivos de manifestarse.
En el plano económico, los agentes y suboficiales denuncian que cobran entre 700.000 y 800.000 pesos, ingresos que quedan muy por debajo del costo de vida. Muchos efectivos aseguran que se ven obligados a realizar trabajos paralelos, como manejar Uber, trabajar en la construcción o realizar changas, luego de cumplir extensas jornadas de servicio, lo que incrementa el desgaste físico y mental.
Las denuncias también advierten sobre el agravamiento del cuadro psicológico dentro de las fuerzas, asociado a la sobrecarga laboral, la falta de descanso y la ausencia de políticas de salud mental. Desde el Gobierno, algunas respuestas oficiales apuntaron a problemas psiquiátricos individuales, una explicación que los denunciantes consideran insuficiente y funcional a ocultar un problema estructural.
A este cuadro se suma el crecimiento de denuncias por abuso y acoso sexual contra mujeres policías, donde se señala que quienes acceden a los requerimientos logran privilegios, mientras que quienes se niegan son perseguidas. Mientras tanto, las protestas continúan y los reclamos se acumulan sin respuestas, en un escenario donde la crisis en las fuerzas de seguridad ya no es solo salarial, sino que expone un deterioro profundo del sistema y del rol del Estado frente a quienes prestan servicio.
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