19 de enero de 2026
El Gobierno analiza cambios en el financiamiento del IOSFA en medio de una fuerte crisis económica, salarios bajos y advertencias de exclusión para fuerzas de seguridad.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), atraviesa una crisis financiera profunda que volvió a encender el conflicto entre el Gobierno y los afiliados. En ese contexto, se evalúa un aumento de los aportes que realizan los militares, una medida que genera fuerte rechazo por el deterioro salarial que atraviesa el sector.
Según trascendió, el Ejecutivo trabaja en una reestructuración integral del IOSFA, que arrastra un déficit superior a los 550 mil millones de pesos. La iniciativa incluiría modificaciones en el esquema de financiamiento, con la posibilidad de incrementar los descuentos salariales que hoy realizan los afiliados para sostener la cobertura médica.
Uno de los puntos más sensibles del debate es que Gendarmería y Prefectura podrían quedar fuera de la obra social, al pasar nuevamente a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esa eventual decisión implicaría un cambio estructural en la cobertura sanitaria de miles de efectivos y sus familias, y abre interrogantes sobre cómo se garantizará la atención médica de esos trabajadores.
Desde los sectores afectados advierten que cualquier aumento de aportes resulta inviable en un contexto de salarios deprimidos, especialmente entre los uniformados de menores ingresos. Además, señalan deficiencias crecientes en las prestaciones, demoras en autorizaciones, falta de insumos y problemas con prestadores, lo que alimenta el malestar interno.
La discusión también incluye críticas a la gestión y conducción política del organismo, con reclamos por mayor transparencia y control. En los últimos meses, hubo protestas frente a la sede del IOSFA, donde trabajadores estatales y afiliados alertaron que la obra social se encuentra "al borde del colapso".
Mientras el Gobierno define si oficializa los cambios, el futuro del IOSFA sigue bajo análisis, tanto en su estructura como en su conducción. La obra social es la quinta más grande del país, con más de 550 mil afiliados entre personal activo, retirados y familiares, y cualquier modificación tendrá impacto directo sobre la cobertura de salud de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
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