7 de febrero de 2026
Tras una profunda crisis financiera y operativa, el Gobierno nacional avanzó con la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y puso en marcha un nuevo esquema sanitario bajo control estatal.
El Gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una de las obras sociales más grandes del país, que acumulaba deudas millonarias y severas dificultades para garantizar las prestaciones médicas. La medida se inscribe en el plan de reestructuración del Estado impulsado por la administración de Javier Milei y fue presentada como una decisión necesaria ante el colapso financiero del sistema.
Según la información oficial, IOSFA pasó de registrar superávit a una situación crítica en poco más de un año, con atrasos en los pagos a prestadores, reclamos crecientes de afiliados y problemas para sostener la atención sanitaria en distintas provincias. La obra social alcanzaba a alrededor de 600.000 afiliados, entre personal militar, fuerzas federales y sus familias.
En paralelo a la disolución, el Ejecutivo anunció la creación de OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), que comenzará a operar formalmente a partir del 6 de febrero de 2026. Desde el Gobierno señalaron que el Estado asumió las obligaciones del sistema anterior para que la nueva obra social inicie su funcionamiento sin deudas ni condicionamientos financieros, con reglas de gestión claras y foco en la eficiencia.
Las autoridades aseguraron que ningún afiliado perderá cobertura durante el proceso de transición, que será gradual y ordenado. OSFA mantendrá activas las sedes, farmacias, centros médicos y canales de atención en todo el país, garantizando la continuidad de las prestaciones médicas y el acceso a tratamientos y medicamentos.
El cierre de IOSFA y el lanzamiento de OSFA marcan un punto de inflexión en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, en un contexto de ajuste, recortes y redefinición del rol del Estado. Mientras el Gobierno defiende la medida como una salida estructural a una crisis terminal, persisten las dudas sobre el impacto real en la atención cotidiana de los afiliados y el futuro del modelo sanitario para el personal militar y de seguridad.
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