7 de febrero de 2026
Tras la salida de Marco Lavagna, el índice de inflación volvió a quedar bajo cuestionamiento. Las dudas sobre la veracidad de los datos oficiales reabrieron el debate sobre salarios, paritarias y el rol del Estado, en un contexto donde el Gobierno también avanzó en una estrategia formal de control del discurso público.
La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el índice de inflación. Desde entonces, economistas, periodistas y sectores sindicales comenzaron a poner en duda la consistencia de los datos oficiales, en un escenario donde el aumento del costo de vida cotidiano parece no reflejarse plenamente en las cifras difundidas por el organismo.
El cuestionamiento no es menor. El índice de inflación es la referencia central para paritarias, jubilaciones, planes sociales y contratos, por lo que cualquier desfasaje entre los números oficiales y la realidad tiene un impacto directo sobre el salario y el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
En el mundo del trabajo, la preocupación ya es concreta. Si la inflación real es superior a la informada oficialmente, las paritarias cerradas en base a esos datos consolidan una pérdida salarial mayor a la reconocida, lo que abre la puerta a reclamos de revisión y reapertura de acuerdos en distintos sectores.
Frente a ese escenario, la CGT evalúa avanzar con la conformación de un equipo técnico propio para elaborar un índice de precios mensual, en articulación con universidades nacionales, con el objetivo de contar con una referencia alternativa que refleje el costo de vida real de los trabajadores y sirva como insumo para futuras negociaciones colectivas.
La iniciativa sindical expone una creciente desconfianza en los indicadores oficiales y vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión estructural: quién produce los datos, cómo se construyen y qué intereses expresan, especialmente cuando de ellos dependen salarios e ingresos.
En paralelo a esta discusión económica y social, el Gobierno avanzó en su confrontación con la prensa mediante la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un área formal del Estado destinada a "desmentir" informaciones periodísticas y responder públicamente a contenidos considerados falsos o malintencionados.
La conducción de esa oficina quedó a cargo de Juan Carreira, referente del ecosistema libertario y panelista de un streaming que participa activamente en Carajo, espacio digital identificado con el oficialismo. La designación refuerza el perfil político-comunicacional del área y marca una decisión explícita de disputar el sentido informativo desde estructuras estatales.
La principal agravante institucional es que el señalamiento a periodistas y medios ya no surge de espacios militantes externos, sino de un dispositivo oficial, con respaldo del Estado y capacidad de amplificación desde cuentas y canales gubernamentales. El escrache, la descalificación y la acusación de "fake news" pasan así a formar parte de una estrategia formalizada.
El escenario vuelve a instalar una discusión de fondo: qué ocurre cuando el Estado combina estadísticas cuestionadas con un rol activo en el control del discurso público. En juego no solo está la credibilidad del INDEC, sino también la transparencia institucional, la libertad de prensa y el impacto directo de los números oficiales sobre salarios, paritarias y condiciones de vida.
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