9 de septiembre de 2026
Docentes y no docentes volvieron a paralizar las universidades nacionales ante el deterioro salarial, el ajuste presupuestario y la falta de acuerdo con el Gobierno.
Las universidades nacionales atravesaron una nueva jornada de paro de docentes y no docentes en rechazo a la política salarial y presupuestaria del Gobierno. Las federaciones gremiales calificaron como elevado el acatamiento a la medida y denunciaron que los ingresos de los trabajadores universitarios continúan muy por debajo de los niveles de 2023.
El conflicto se reactivó luego de que el Ejecutivo ofreciera un aumento del 3% para septiembre, una propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Los gremios sostienen que ese porcentaje resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada y denunciaron que las negociaciones paritarias volvieron a quedar estancadas.
Según las estimaciones difundidas en el marco del conflicto, el salario docente universitario permanece alrededor de un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023 en términos reales, aun después de las recomposiciones aplicadas durante los últimos meses.
Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los cálculos sindicales indican que los salarios deberían aumentar alrededor de otro 28,5%. En el sector advierten que los incrementos otorgados hasta ahora no alcanzaron para compensar el impacto de la inflación acumulada desde el inicio de la actual gestión.
La situación se hace particularmente visible en las categorías iniciales. El salario mínimo de un docente universitario ronda los $500.000 por media jornada, mientras que una dedicación completa apenas se acerca al millón de pesos, valores que las organizaciones gremiales consideran insuficientes frente al costo de vida.
Pero el conflicto universitario excede la cuestión salarial. Las organizaciones también denuncian problemas con las partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, becas, investigación científica y carreras consideradas estratégicas, y sostienen que buena parte del sistema continúa funcionando con recursos deteriorados en términos reales.
Los reclamos también alcanzan al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a las decisiones judiciales vinculadas a su aplicación. Representantes gremiales y autoridades universitarias cuestionan al Gobierno por no ejecutar plenamente los fondos establecidos y advierten que la disputa podría profundizarse en los tribunales.
Desde las federaciones docentes anticiparon que las medidas continuarán si no aparece una propuesta superadora. Durante septiembre están previstas nuevas actividades, jornadas de protesta y movilizaciones, mientras rectores, gremios y organizaciones estudiantiles buscan ampliar la presión sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El nuevo paro dejó así expuesta una crisis que combina salarios deteriorados, restricciones presupuestarias y un conflicto institucional cada vez mayor. Las próximas negociaciones serán determinantes para saber si el Gobierno logra encauzar la discusión o si las universidades nacionales avanzan hacia una nueva escalada de medidas de fuerza.
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