16 de septiembre de 2025
Organismos de derechos humanos denunciaron al fiscal Ernesto De Aragón por su rol en la represión a la protesta de la CTA-A en Córdoba y advirtieron que busca criminalizar la protesta social.
Organismos de Derechos Humanos presentaron una denuncia ante el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, contra el fiscal Ernesto Rafael De Aragón. Lo acusan de "animosidad manifiesta" hacia el dirigente sindical Federico Giuliani y de avalar un operativo policial desmedido durante la protesta del 28 de agosto, que terminó con 15 detenidos, periodistas agredidos y graves denuncias de violencia institucional.
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a la APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos y otras organizaciones, acusaron al fiscal De Aragón de criminalizar la protesta social y de sostener un accionar persecutorio contra Giuliani, secretario general de ATE y la CTA Autónoma, quien fue detenido y herido en el operativo.
La presentación judicial advierte sobre "un proceder abusivo y desproporcionado de las autoridades de seguridad provinciales y demás responsables que menoscaban derechos constitucionales de los manifestantes" y alerta sobre un "intento de disciplinamiento" hacia trabajadores y organizaciones sociales.
El escrito también denuncia ataques a la prensa durante la represión y plantea que los periodistas sufrieron impedimentos para realizar su labor, lo que constituye un acto de censura.
En el caso de Giuliani, los organismos remarcaron que estuvo detenido hasta el 1 de septiembre en el penal de Bouwer, incomunicado, sin acceso a su medicación y en condiciones que calificaron como arbitrarias. "Lamentablemente tenemos que acuñar nuevamente la categoría de 'preso político' para quienes luchan por la justicia social", advirtieron.
La denuncia reclama la intervención de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial y del Tribunal de Ética para evaluar la conducta del fiscal. También exige investigar la aplicación de un "protocolo antipiquetes" no legislado, que según los organismos constituye una "suspensión ilegal de derechos constitucionales".
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